Buenos Aires, 10 de agosto de 2025 (Mi Periódico). El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dialogó en Mercuriali 630 con Franco Mercuriali y equipo, este domingo en Radio Rivadavia, para analizar la iniciativa anunciada por el presidente de penalizar a legisladores que aprueben presupuestos sin explicitar su financiamiento. El conductor introdujo el tema así: “Esto es penalizar a los diputados, penalizar a los senadores. ¿Qué sería? ¿Hacerles juicio?”. Sabsay respondió con claridad y precisión desde lo jurídico y lo político.
Primero recordó un principio básico: los delitos se crean por ley, no por decreto. “Eso lo dice la Constitución en varios lados”, afirmó, y diferenciando materias, puntualizó que existe la materia fiscal —impuestos— y la materia penal —delitos—, regidas por el principio de legalidad. Subrayó que, aun cuando se presente una iniciativa legislativa, “hay que aprobar la ley primero” y que cualquier sanción penal se aplicaría hacia el futuro, porque “la retroactividad no ocurre en materia penal”.
El entrevistado planteó enseguida la cuestión política y la magnitud del cambio institucional: “Milei siempre fractura en dos a la sociedad. Los que están conmigo son los buenos, los que no están conmigo son enemigos, adversarios. Es decir, algo bien antidemocrático”. Señaló el riesgo de criminalizar el disenso parlamentario y dio la siguiente pregunta retórica como ejemplo del problema central: “¿Entonces el diputado que no vota como yo quiero es un delincuente?”.
Sabsay explicó que tipificar como delito el hecho de votar un proyecto que aumente el gasto sin explicar el origen de los recursos equivaldría a convertir en ilícito la discrepancia política. “O sea —dijo—, en realidad sería que no vote lo que yo quiero. Que no vote en general lo que yo mando. Es un delincuente. O sea, realmente es una locura”. A continuación advirtió que ese camino socava la esencia del sistema democrático: “Para eso terminemos con la democracia. Es directamente el monarca que sancionaba, imponía la pena de muerte, etc.”.
En la charla surgió además una comparación explícita con experiencias de concentración del poder: “Es el estilo Bukele, ¿no?”. Sabsay reconoció similitudes en ciertos rasgos autoritarios y planteó que la propuesta se inscribe, según él, en una lógica anarcocapitalista que desconfía del Estado, de la Constitución y de la propia República. “Hay que desnudarlo porque si no la gente no entiende”, dijo, refiriéndose a la base ideológica de quienes promueven este tipo de medidas.
El diálogo no fue solo conceptual: el abogado recordó hechos institucionales y constelaciones políticas que, a su juicio, facilitan ese avance. Criticó la persistente grieta y la mecánica por la que quienes están afuera del poder prometen aumentos y ayudas a todos —“Aumentame a mí, aumentame a mí…”— y luego, cuando llegan al gobierno, se encuentran con la restricción de recursos. “El que está en el poder tiene que decir: Mirá, no, los recursos son limitados. No le puedo decir a todos que sí”, explicó.
A partir de llamadas telefónicas y nuevas intervenciones, la conversación se desplazó hacia el estado de los controles institucionales. Nicolás Lucca recordó que el equilibrio de poderes está “muy golpeado”: la Corte Suprema opera con tres miembros en lugar de cinco, no se designa un procurador general desde 2017 y la defensoría del pueblo está vacante hace catorce años. Sabsay coincidió en que esa falta de nombramientos y de personal que ocupe cargos clave debilita los frenos y contrapesos del sistema. “El gran riesgo que estamos corriendo, y cada vez más, es que el poder termine siendo uno solo, el Ejecutivo. Y el resto quede como decoración”, advirtió.
Sobre la vía judicial, el constitucionalista admitió que existen herramientas para litigar la resistencia del Legislativo frente al Ejecutivo, pero señaló que la eficacia de la vía judicial depende de que las decisiones se cumplan: “Si no cumple la decisión —recordó—, ya hemos visto casos, tampoco cumplían”. Trajo a colación episodios pasados y su conocimiento directo de situaciones en las que fallos no se ejercieron con la contundencia esperada.
Otro bloque de la charla abordó la cuestión presupuestaria concreta: ¿hasta cuándo puede gobernarse sin un presupuesto aprobado por el Congreso? Sabsay explicó que, en la práctica, se ha “reconducido” el presupuesto anterior. Aclaró que esa práctica le parece “una barbaridad” y la calificó de anomalía que, sin embargo, se ha vuelto normal. Citó la entrevista de economistas —mencionando a Agustín Montenegro— y reiteró que la reconducción no es una solución sana para la salud institucional del país.
Reconoció, eso sí, logros de gestión en ciertos frentes: la baja de la inflación, por ejemplo, la valoró como un resultado positivo. Al mismo tiempo, planteó interrogantes sobre el coste de ese logro: “¿Vale la pena no tener inflación si eso implica recortar educación, investigación, universidades públicas?” Denunció además un doble estándar en el manejo de gastos: mientras se restringen erogaciones en áreas sociales, se mantienen partidas para viajes y otros rubros que aparentan trato diferencial.
En el cierre, Sabsay volvió a la idea central: criminalizar el voto legislativo por discrepancia sobre la financiación equivaldría a erosionar las bases democráticas. “Equiparar la discrepancia parlamentaria con un delito significaría erosionar las bases democráticas; concentrar el poder en el Ejecutivo y dejar al resto como simples adornos”, concluyó. La entrevista, en la que se recuperaron puntos jurídicos y políticos claves, terminó con ese llamado de atención sobre la fragilidad institucional y la necesidad de discutir ideas con argumentos, no con insultos ni simplificaciones.