Buenos Aires, 9 de agosto de 2025.- El presidente Javier Milei parece aceptar que su derrota en el debate parlamentario será total y que no podrá sostener los vetos frente a la ofensiva opositora. Por eso, su mensaje en cadena nacional no se dirigió a legisladores peronistas ni a gobernadores que reclaman más recursos, sino a la población, con un llamado a cambiar en octubre la correlación de fuerzas en el Congreso.
En un mensaje grabado, dijo el viernes que a partir del lunes el Tesoro argentino no podrá financiar gasto primario con emisión monetaria, en un mensaje que fue transmitido por cadena nacional en el país sudamericano.
Los anuncios para “blindar el déficit cero y la política monetaria” fueron la excusa formal para transmitir su verdadero mensaje político: que el kirchnerismo representa el principal “riesgo país” y que toda la agenda de reformas quedará amenazada si el oficialismo no obtiene una victoria contundente en las urnas.
Milei, que asumió a fines del 2023, ha señalado que su principal objetivo es el equilibrio fiscal y la única solución a la crisis económica argentina. Opositores denuncian que los fuertes recortes fiscales realizados por el Gobierno están teniendo un fuerte impacto social y haciendo crecer la pobreza.
No es la primera vez que el presidente enfrenta un escenario de debilidad, donde su agenda reformista tropieza con la falta de apoyo parlamentario. Sin embargo, en otros momentos tuvo más margen para negociar y, finalmente, conseguir acuerdos. En el verano de 2024, cuando la primera versión de la Ley Bases fue recortada en el Congreso, Milei aseguró tener un plan alternativo para sostener el equilibrio fiscal, compensando por otras vías los recursos que le negaban por ley.
Así aplicó un fuerte recorte a la asistencia fiscal de las provincias, lo que llevó a varios gobernadores a apoyar la reinstauración del impuesto a las Ganancias. Con dos meses de retraso, la mayoría firmó el Pacto de Mayo, un compromiso simbólico para contener el gasto público. Ese esfuerzo provincial permitió cerrar el año con un superávit equivalente al 2,6% de los ingresos totales, es decir, el 0,1% del PBI.
También hubo momentos críticos, como cuando se aprobaron leyes para modificar la indexación jubilatoria y aumentar el presupuesto universitario. Tras nuevas negociaciones con los gobernadores, Milei consiguió mantener sus vetos y cerrar 2024 con un superávit fiscal primario del 1,8% del PBI.
Hoy la situación es más complicada. Ya no se trata solo de enfrentar al kirchnerismo: ha perdido el apoyo de sectores dialoguistas del peronismo y de exintegrantes de la coalición Cambiemos. Más aún, no logra recomponer vínculos con gobernadores que en otros momentos garantizaron gobernabilidad a un Ejecutivo en minoría.
Este año, la mayor concesión de los gobernadores fue apoyar el nuevo acuerdo con el FMI, pedido por Milei al inaugurar el año legislativo. Ese mismo día, prometió impedir cualquier plan de estímulo similar al “plan platita” y, a cambio, ofreció una reforma federal para la distribución de recursos tributarios. Sin embargo, ese entendimiento se diluyó y, en un año electoral, muchos líderes provinciales priorizan su supervivencia política. Han dejado claro que no se sacrificarán en las urnas para sostener el superávit fiscal del Gobierno.
La disputa se concentra en una caja equivalente al 0,12% del PBI, unos 840 millones de dólares, proveniente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este fondo, compuesto por el 1% de la masa coparticipable neta y el 1% de lo recaudado por Bienes Personales, fue creado para atender emergencias y desequilibrios financieros. En 2023, el entonces ministro Sergio Massa utilizó estos recursos para asistir a provincias con problemas de liquidez y garantizar el pago de salarios y aguinaldos.
Si prospera la reforma que impulsan los gobernadores, el impacto sería considerable. Buenos Aires pasaría de un promedio semestral de $3.636 millones a $70.971 millones. En el total nacional, las transferencias subirían de $65.000 millones a $334.000 millones por semestre, sin necesidad de autorización del ministro Luis Caputo.
La controversia no es nueva y gira en torno a quién controla estos fondos y bajo qué criterios se reparten. En algunos años se distribuyó el total recaudado, como durante la pandemia; en otros, apenas un porcentaje mínimo. El promedio de los últimos años fue del 26%, pero en 2023 cayó al 7%, según la Fundación Mediterránea. Además, las provincias reclaman que el impuesto a los combustibles —alrededor del 2,3% de la recaudación total— se distribuya de forma automática para compensar la parálisis de la obra pública.
En medio de esta puja, Milei enfrenta la posibilidad de que el Congreso anule decretos clave para su ajuste, como la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, y avance en proyectos con fuerte impacto fiscal, como la reforma jubilatoria, el aumento del financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. El presidente estima que estas iniciativas sumarían un gasto equivalente al 2,5% del PBI anualizado, poniendo en riesgo la meta de superávit primario del 1,6% acordada con el FMI.
En su exposición volvió a insistir en la tesis de que la inflación proviene únicamente de la emisión para financiar el déficit fiscal, descartando cualquier vínculo con la suba del dólar, en contraposición a la mirada kirchnerista. La consigna “kirchnerismo nunca más”, que mostró en un acto en La Matanza, condensó su estrategia de campaña: transformar la debilidad legislativa en una advertencia contra un eventual retroceso a la crisis inflacionaria heredada.
Para contrarrestar críticas por el costo social del ajuste, abrió su discurso con cifras que, según el Gobierno, muestran que seis millones de personas salieron de la indigencia desde que asumió. No obstante, las medidas que anunció tendrán más peso simbólico que real. La prohibición de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central ya se aplica, y la propuesta de penalizar presupuestos con déficit requiere la aprobación de un Congreso que hoy impulsa mayor gasto.
El proyecto no será aprobado antes de las elecciones, pero el debate en el recinto serviría para polarizar con el kirchnerismo y forzar a los sectores de centro, cercanos a los gobernadores, a definirse. Así, busca cambiar el foco de la agenda política, actualmente dominada por el impacto social del ajuste.
En paralelo, el discurso sobre equilibrio fiscal contrasta con decisiones que favorecen a grandes empresas. La bicicleta financiera incrementó los intereses capitalizados del 2,6% al 4,8% del PBI entre 2024 y 2025, beneficiando a bancos como JP Morgan, exempleador de Caputo. La baja de retenciones a exportaciones agropecuarias transfirió entre 1.200 y 1.400 millones de dólares a productores, el equivalente a 0,19–0,22% del PBI, mientras que la eliminación de derechos a más de 230 productos mineros favoreció a corporaciones a costa de impactos ambientales y sociales.
Además, el Gobierno redujo bienes personales, otorgó moratorias a empresas, rebajó contribuciones patronales y promovió blanqueos de capitales, medidas que reducen ingresos fiscales mientras se recorta a los sectores más vulnerables para cumplir con las metas del FMI.
Con Reuters/Iprofesional/La Izquierda Diario