Córdoba, 7 de agosto de 2025.- El conflicto laboral en Petroquímica Río Tercero, ubicada en la provincia de Córdoba, continúa escalando con más de 300 despidos acumulados en el último año. La empresa paralizó completamente su producción a mediados de julio y dejó sin tareas a los 125 trabajadores que aún forman parte de la planta, quienes se mantienen en sus puestos a la espera de respuestas.
Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero, advirtió que la situación “es cada vez más complicada”. Según indicó, la empresa no ha presentado propuestas concretas ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Además, denunció que no se pagaron indemnizaciones ni los salarios correspondientes al mes de julio.
Felici explicó que la firma presentó un abogado sin ningún planteo sustancial y que, pese a que la planta está detenida, los trabajadores decidieron no abandonar el lugar. “No se puede poner en marcha la producción con la cantidad de personal dispensado. Estamos en la antesala de un cierre”, sostuvo. También mencionó que, días después de una nueva tanda de despidos, la empresa solicitó una convocatoria de acreedores, aunque hasta el momento no se le dio apertura formal.
El conflicto se originó en octubre de 2024 con una primera ola de 140 despidos. Aunque los sindicatos lograron reincorporar a una treintena de empleados, esa medida marcó el fin definitivo de la producción de TDI, un insumo clave para la industria del colchón. Cabe señalar que Petroquímica Río Tercero está bajo el control del mismo grupo empresario que maneja la firma Piero, reconocida por la fabricación de colchones.
En julio de 2025, la empresa volvió a desvincular a otros 124 trabajadores, incluyendo a unos 80 afiliados a la UOCRA que cumplían tareas de mantenimiento. El sindicato calificó este proceso como una “masacre laboral”.
La conciliación obligatoria, dictada en respuesta a los recientes despidos, venció el pasado 4 de agosto y fue extendida hasta el lunes 18. Sin embargo, la falta de pagos y el silencio empresarial profundizaron el conflicto.
En ese contexto, los trabajadores denunciaron que durante la vigencia de la conciliación obligatoria, la policía local bloqueó el ingreso a la planta, lo que generó un momento de tensión. Frente a esta situación, el gremio inició una asamblea permanente dentro del predio, a la espera de una intervención por parte del Ministerio de Trabajo y el Gobierno de Córdoba.
A través de un comunicado, el sindicato responsabilizó a las autoridades locales, provinciales y nacionales por la seguridad de los empleados. Además, acusó a la empresa de intentar extorsionar al gremio, exigiendo el pago parcial de salarios a cambio de desconocer la conciliación y ceder los derechos de los trabajadores despedidos y dispensados.
“Este sindicato no permitirá que los salarios, el futuro de nuestras familias y nuestras convicciones sean avasallados por un grupo empresarial que busca llevar a la quiebra la fábrica y nuestras vidas”, afirmaron. Finalmente, convocaron a todas las organizaciones obreras y sociales de la provincia a movilizarse frente al portón de la planta para defender los derechos laborales.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino en otro conflicto con características similares. Luego de tres meses de lucha, dictó una nueva conciliación obligatoria por 15 días en favor de los trabajadores despedidos de la empresa de energía Secco. La resolución ordena a la compañía restablecer las condiciones laborales previas al conflicto y cumplir con todas sus obligaciones.
La medida fue anunciada pocas horas después de un operativo policial en la planta de Secco en el CEAMSE de San Martín, donde, según los trabajadores, intervinieron fuerzas federales bajo órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tres empleados fueron detenidos y liberados más tarde, alrededor de las 18:30.
Juan José, uno de los despedidos, denunció que el accionar represivo fue una provocación directa. Ariel Moreno, delegado sindical, acusó al Gobierno nacional y a la empresa de actuar de forma arbitraria y fuera del marco legal. Aseguró además que Secco ya había despedido a otros siete empleados tras el cierre de su planta de biogás en Ensenada.
“Estos tres meses de lucha no fueron en vano”, señaló Moreno. “Ahora la empresa tiene que reinstalar de inmediato a todos los trabajadores despedidos”.
Con Página 12 y Perfil