Buenos Aires, 31 de julio de 2025.- El Gobierno oficializó una serie de aumentos en las tarifas de luz, gas, agua e impuestos a los combustibles a partir de agosto. La medida forma parte de una estrategia orientada a evitar un salto inflacionario brusco en el tramo final de la campaña electoral. Con el objetivo de moderar el impacto en las facturas, el Ministerio de Economía incluso resolvió reforzar los subsidios al gas natural durante el invierno.
Mediante resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el equipo económico liderado por Luis Caputo dispuso una suba del 0,4% en el precio mayorista de la energía eléctrica y una reducción del 4,04% en el valor en dólares del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo cual implicará una mayor carga de subsidios. En paralelo, el recargo aplicado a las zonas no alcanzadas por el régimen de tarifa diferencial para zonas frías se incrementará del 6,4% al 6,6%. En cuanto a los combustibles, el aumento de impuestos tendrá un impacto del 0,5% sobre el precio final de la nafta y el gasoil. Por su parte, la empresa AySA aplicará una suba del 1% en las tarifas de agua y cloacas para la región del AMBA.
El impacto estimado sobre las facturas oscilará entre el 1,5% y el 2%, aunque los valores definitivos dependerán de las resoluciones que emitirán la próxima semana los entes reguladores ENRE y Enargas. Ambos organismos serán unificados antes de fin de año, como parte de un proceso de reorganización del sector energético.
La estrategia del Gobierno apunta a evitar un nuevo atraso tarifario, buscando que los precios reflejen en mayor medida los costos reales, con el fin de sostener inversiones y asegurar una rentabilidad mínima a las empresas del sector. No obstante, las autoridades calibran cuidadosamente las subas para no comprometer la tendencia a la baja de la inflación, que el Ejecutivo busca exhibir como uno de sus principales logros.
La baja en el precio en dólares del gas responde al salto en el tipo de cambio registrado a comienzos de mes. Aunque el recurso se adquiere en divisa extranjera, los usuarios lo abonan en pesos, por lo que la devaluación requiere de un mayor esfuerzo fiscal para compensar la diferencia a través de subsidios, los cuales serán financiados con recursos del Tesoro Nacional.
En paralelo, el recargo que pagan los usuarios de zonas no comprendidas en el régimen de tarifa fría se eleva por cuarta vez en lo que va del año. Este adicional financia descuentos de hasta el 50% en regiones con clima riguroso, como la Patagonia, Malargüe, la Puna y ciertas localidades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Según trascendió, el Gobierno evalúa restringir este esquema una vez superado el calendario electoral, lo que reabriría un frente de conflicto con gobernadores de diversas provincias.
Las empresas petroleras, por su parte, analizan si trasladarán a los precios en surtidores el nuevo incremento impositivo. La administración viene postergando desde hace meses la actualización total de estos tributos para evitar una mayor presión inflacionaria, lo que implica resignar ingresos fiscales por más de 200 millones de dólares mensuales.
En el caso del agua, la suba del 1% se aplicará únicamente sobre las tarifas generales, mientras que se mantendrán los beneficios vigentes en la tarifa social de AySA, que contempla descuentos de hasta el 75%. Este ajuste responde a necesidades fiscales del Estado, dado que la empresa presenta superávit operativo.
En resumen, el Gobierno combina aumentos moderados con mayores subsidios para atravesar el invierno sin sobresaltos inflacionarios y sostener cierta estabilidad hasta octubre. Sin embargo, tras los comicios se reactivarán las tensiones con provincias y con el Fondo Monetario Internacional en torno a la utilización de fondos fiduciarios.
Mientras tanto, la situación industrial exhibe signos preocupantes. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, alertó sobre la continua pérdida de puestos de trabajo en el sector manufacturero desde marzo y el estancamiento general de la actividad. Según explicó en declaraciones a Radio Rivadavia, cada mes se pierden entre mil y mil quinientos empleos, una tendencia que se acentuó desde abril y que afecta con diferente intensidad a los distintos rubros.
Algunos sectores mantienen crecimiento, como la minería, la industria automotriz, la producción de motos y la línea blanca. Otros, como la industria farmacéutica y los alimentos, evidencian una recuperación parcial. Sin embargo, hay áreas en crisis profunda, como la construcción, los cueros, el calzado y la metalmecánica, con caídas que oscilan entre el 15% y el 20%. En los materiales de construcción, textiles y calzado, las bajas superan incluso el 30%.
Rappallini atribuyó parte de las dificultades a la apertura comercial impulsada por el Gobierno, aunque aclaró que la principal preocupación del empresariado no es la competencia externa sino la falta de actividad económica. Muchas compañías recurren actualmente a la suspensión de personal como estrategia de supervivencia. Esto implica acuerdos para pagar solo una parte del salario y posponer los aportes patronales, una práctica habitual en contextos de crisis prolongada.
A esta situación se suma la presión que ejercen las altas tasas de interés. El presidente de la UIA señaló que ya se perciben signos de aumento en la morosidad y en los cheques rechazados. Aunque el impacto de las tasas todavía no se siente en su totalidad, advirtió que sostenerse en ese entorno financiero es extremadamente complejo.
En este contexto, la UIA insiste en la necesidad de avanzar de forma urgente con una reforma laboral e impositiva que permita mejorar la competitividad frente a productos importados, especialmente los provenientes de Brasil. Rappallini subrayó que el sistema tributario actual, con cargas nacionales, provinciales y municipales, puede representar entre el 30% y el 50% del costo de los bienes producidos localmente, lo que deja a muchas firmas sin posibilidad de competir.
En paralelo, la situación de Celulosa Argentina expone con crudeza el deterioro financiero de algunas compañías emblemáticas. La histórica papelera interrumpió completamente la producción en sus plantas de Zárate y Capitán Bermúdez, limitando su actividad a tareas mínimas de mantenimiento. La empresa admitió públicamente la gravedad de su situación económica y su dificultad para afrontar los compromisos con acreedores.
Celulosa acumula una deuda superior a los 128 millones de dólares y atraviesa un profundo déficit de capital de trabajo, lo que impide la continuidad operativa de sus instalaciones. Según comunicó la firma a la Comisión Nacional de Valores, la paralización de la actividad responde al deterioro de su estructura financiera, provocado por una caída de más del 30% en las ventas locales y el incremento sostenido de los costos fijos dolarizados.
Controlada por el grupo Tapebicuá, la compañía ya había declarado en mayo su imposibilidad de afrontar vencimientos, entrando formalmente en default. El plan de reestructuración presentado incluye una postergación de dos años en los pagos de capital, el abono de intereses del 3% en dólares y del 5% en pesos, y la subordinación del cobro de 21 millones de dólares al accionista mayoritario. En caso de no alcanzar un acuerdo con los acreedores, se contempla avanzar con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).
La situación se agravó aún más en julio, cuando uno de sus principales acreedores inició una demanda de quiebra. Con más de cien años de historia, Celulosa Argentina reportó una pérdida de 38.769 millones de pesos en su último balance y enfrenta vencimientos de deuda por el 56% del total en el corto plazo. Su continuidad operativa depende ahora de la llegada urgente de un socio estratégico o de un inversor que aporte capital fresco y evite el colapso definitivo de una de las papeleras más tradicionales del país.
Con El Economista