Buenos Aires, 4 de julio de 2025.- Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quien acusan de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Según la presentación, la magistrada habría ordenado la detención arbitraria de militantes peronistas, en su mayoría mujeres, a quienes mantuvo incomunicadas y alojadas en una cárcel de máxima seguridad. Los hechos que se les imputan, de acuerdo con los denunciantes, no superarían el rango de una contravención.
Las personas afectadas son Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. Todas ellas fueron señaladas como víctimas de un accionar judicial desproporcionado, derivado de manifestaciones simbólicas sin violencia ni daño a bienes.
Eva Mieri, una de las detenidas, preside el bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y es dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza. Por su parte, Alesia Abaigar se desempeña como funcionaria en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
El hecho que motivó las detenciones ocurrió frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, donde un grupo de militantes arrojó excremento de caballo y volantes con consignas políticas. El mensaje decía: “Espert, sos una mierda, con CFK no se jode”.
Diversas organizaciones sociales y políticas, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los abogados defensores, exigieron la inmediata liberación de las personas detenidas. Denunciaron una persecución de carácter político, judicial y mediático.
El abogado Diego Molea, defensor de varios de los inculpados, aseguró que la conducta atribuida “como máximo constituye una contravención”. Criticó además el accionar del juzgado federal de San Isidro, a cargo de Arroyo Salgado, por involucrarse en un caso de escasa relevancia penal. “Debería ocuparse de delitos federales como el narcotráfico”, afirmó.
Desde Peronismo por la Ciudad, representantes legales y dirigentes expresaron su “enérgico repudio” al operativo judicial. Consideraron las detenciones arbitrarias y reclamaron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señalaron como “responsable política de esta avanzada autoritaria”.
Advirtieron que se han violado garantías constitucionales esenciales, como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia. Afirmaron que incluso se vulneró el principio de legalidad, dado que las acciones imputadas no configuran delitos.
El CELS apuntó también contra Bullrich, a quien consideró una de las principales impulsoras del uso del aparato represivo del Estado para hostigar la protesta y a la disidencia política. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el organismo denunció allanamientos violentos y detenciones injustificadas. “La Justicia actúa como instrumento del Gobierno”, alertaron.
“El sistema punitivo se usa para disciplinar. La criminalización selectiva es persecución política. Esto condiciona al conjunto del sistema democrático”, advirtió el CELS en un comunicado.
El dirigente social Juan Grabois se pronunció en redes sociales contra la ministra Bullrich. La acusó de usar recursos estatales para perseguir manifestaciones inofensivas. Cuestionó con dureza al diputado Espert por recurrir al poder estatal para responder a una protesta menor. “Pusilánime”, concluyó.
El Frente de Izquierda de los Trabajadores también repudió las detenciones. Afirmó que forman parte de una persecución encabezada por Espert, Bullrich y el Poder Judicial. Sus representantes participaron de la conferencia de prensa organizada por familiares y abogados de las personas imputadas.
Durante esa conferencia, la diputada Myriam Bregman denunció que Alesia Abaigar fue trasladada a un penal federal por “poner caca” en la vereda de Espert. Señaló además que, mientras tanto, policías responsables de herir a su compañero Matías Aufieri continúan impunes.
Con Perfil y NA