Nueva York, EE. UU., 30 de junio de 2025.- La Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF como forma de pago por la expropiación de la petrolera. La medida fue dictada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La transferencia debe concretarse en un plazo de 14 días. El presidente Javier Milei confirmó que apelará el fallo.
La resolución responde a una sentencia de 2023, que ordenó pagar US$16.100 millones más intereses. Los fondos Burford y Eton Capital, beneficiarios del juicio, habían solicitado embargar las acciones. Ahora, la jueza accedió a su pedido, pese a la oposición del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En otro fallo, la misma jueza ordenó transferir parte de las acciones a Bainbridge. Este fondo reclama el pago de una deuda en default de 2001 por unos US$100 millones.
El fallo establece que las acciones Clase D de YPF deberán ser depositadas en una cuenta global del Bank of New York Mellon. Luego, deberán transferirse a los demandantes o a quienes ellos designen. Esta decisión sorprendió al Estado argentino, que esperaba que la solicitud fuera rechazada.
En 2023, la Procuración del Tesoro había informado al gobierno de Joe Biden sobre el caso. Aclaró que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en Nueva York. También alertó sobre el riesgo de que se embarguen activos bajo otra jurisdicción.
Preska había solicitado una garantía de pago como medida preventiva. Ofreció dos opciones: entregar un tercio de las acciones o presentar un crédito supuestamente a favor de la Argentina por la represa de Yacyretá. Ninguna de estas alternativas se concretó.
El Gobierno no puede transferir acciones expropiadas de YPF sin aprobación del Congreso. Además, la deuda con Paraguay nunca fue formalizada. Solo hubo declaraciones políticas del anterior gobierno sobre una supuesta obligación pendiente por la represa.
Según el consultor Sebastián Maril, al no depositar la garantía a tiempo, los demandantes quedaron habilitados para embargar activos. Uno de los bienes apuntados fue la participación estatal en YPF.
Maril señaló que la Argentina apelará, por lo que el proceso continuará en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La defensa buscará que se suspendan los efectos del fallo hasta que se resuelva la apelación.
Preska argumentó que no existe restricción territorial para ordenar la transferencia de bienes a Nueva York. También afirmó que los países no pueden usar su legislación interna para evitar el cumplimiento de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses.
En su fallo, detalló que Argentina tiene tres caminos posibles: obtener autorización del Congreso, modificar la ley o llegar a un acuerdo con los demandantes. Rechazó que las normas nacionales puedan invalidar lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).
Preska criticó duramente la actitud del país. Afirmó que, si bien exige consideración por parte del tribunal, no ha hecho esfuerzos para cumplir la sentencia vigente.
Tras conocerse la decisión, las acciones de YPF cayeron más de 5,5% en la Bolsa de Nueva York, hasta US$31,45. La valuación de la empresa descendió a US$12.360 millones.
El conflicto se remonta a la estatización de YPF, en 2012. En ese momento, Eton Park era accionista. Burford Capital, por su parte, compró los derechos para litigar luego de la quiebra de las empresas Petersen, fundadas por la familia Eskenazi.
Los fondos afirman que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA), tal como exige el artículo 7° del estatuto de YPF. Este requisito se activa cuando un inversor supera el 15% de participación en la compañía.
En su defensa, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, declaró en el Congreso que cumplir con ese requisito habría significado pagar US$19.000 millones. Afirmó que no era razonable hacerlo, aunque eso implicara ignorar el estatuto.
La jueza y los demandantes citaron esa declaración para justificar su posición. Señalaron que el Estado expulsó a Repsol y forzó un préstamo encubierto por parte de los accionistas perjudicados.
Durante el juicio, la defensa argentina argumentó que la Constitución está por encima de los estatutos societarios. También expuso que Burford pagó 15,1 millones de euros por el derecho a litigar, además de ceder un 30% de la eventual indemnización al fisco español.
Las empresas Petersen habían adquirido el 25% de YPF a Repsol en 2008. Lo hicieron mediante créditos bancarios, que serían devueltos con los dividendos. Pero, tras la expropiación, esos pagos se interrumpieron, lo que llevó a su quiebra.
Eton compró el 3,04% de YPF en 2010 por US$458 millones. En 2014, el gobierno acordó pagar US$5000 millones a Repsol por el 51% expropiado.
La demanda contra YPF y el Estado argentino comenzó en 2015. Actualmente, el proceso judicial avanza por dos vías. Tanto la Argentina como los fondos demandantes esperan que la Corte de Apelaciones revise el fallo de primera instancia. La audiencia podría celebrarse en los próximos meses.