Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, 16 de junio de 2025.- Este lunes amaneció con movimiento en los pasillos de La Salada. Las ferias Urkupiña y Cooperativa Ocean volvieron a abrir sus puertas a los comerciantes, pero bajo una lupa judicial que todo lo controla. El megapredio de 18 hectáreas, símbolo del comercio popular, retoma actividades tras 30 días de cierre forzado por una investigación que desnudó una trama de lavado de dinero y terminó con 15 detenidos, entre ellos Jorge Castillo, el autoproclamado “Rey de La Salada”.
El juez federal Luis Armella, del Juzgado Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, dio el visto bueno para la reapertura, pero con condiciones estrictas. Cada puesto deberá demostrar ahora su legitimidad: constancias de inscripción en el ARCA, contratos de alquiler en regla, comprobantes que acrediten el origen de la mercadería y hasta tickets de venta que certifiquen cada transacción. Las sociedades tienen 90 días para poner en orden sus papeles y todos, sin excepción, deberán implementar sistemas bancarizados de pago.
Mientras los primeros comerciantes volvían a ocupar sus puestos este lunes a las 7 de la mañana, en Punta Mogote —la tercera feria del complejo— reinaba el silencio. Aunque la clausura fue levantada, sus puertas permanecen cerradas a la espera de una fecha concreta de reapertura.
El comunicado de Urkupiña, publicado el sábado en redes sociales, dejaba en claro que nada volvería a ser igual: “Recordamos el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y comerciales”, rezaba el texto que anunciaba el fin de la clausura preventiva. La advertencia final no dejaba lugar a dudas: queda terminantemente prohibida la venta de indumentaria que viole la ley de marcas.
Esta reapertura marca un antes y un después para el emblemático mercado que durante años funcionó con sus propias reglas. La investigación por evasión fiscal, asociación ilícita y lavado de dinero sigue su curso, pero hoy, bajo la atenta mirada de la Justicia, La Salada intenta reinventarse. Los comerciantes saben que el margen para viejas prácticas se acabó. Cada movimiento, cada transacción, cada prenda que cuelgue de los puestos deberá poder justificarse. El desafío ahora es demostrar que el comercio popular puede convivir con la legalidad.
Con La Nación y NA