Washington, EE. UU., 8 de junio de 2025.- La Casa Blanca ha cruzado un umbral peligroso. Dos mil soldados de la Guardia Nacional de California avanzan hacia Los Ángeles bajo órdenes directas del presidente Trump, ignorando la furiosa oposición del gobernador Newsom. Este despliegue unilateral —justificado como respuesta a las protestas migratorias— marca un punto de inflexión en la relación entre el poder federal y los estados.
Los antecedentes revelan un patrón preocupante. Durante las protestas por George Floyd en 2020, Trump presionó a gobernadores para desplegar tropas. Pero ahora ha eliminado cualquier apariencia de consenso. “Esto no es seguridad, es teatro político”, acusó Newsom en conferencia de prensa, mientras organizaciones civiles preparaban recursos legales.
El meollo jurídico resulta alarmante. Al evitar deliberadamente la Ley de Insurrección —el mecanismo tradicional para estos casos— Trump ha recurrido a un estatuto oscuro que permite federalizar tropas estatales bajo tres condiciones ambiguas: “invasión, rebelión o incapacidad para hacer cumplir las leyes”. Ninguna coincide claramente con la situación actual, según expertos consultados.
Detalles operativos obtenidos por AP muestran que las tropas proporcionarán “protección perimetral” a instalaciones de ICE, pero documentos internos sugieren un mandato más amplio. El profesor de derecho constitucional Jonathan Turley advierte: “Cuando soldados armados patrullan calles estadounidenses, la línea entre apoyo y ocupación se difumina”.
Los precedentes históricos agravan las preocupaciones. Eisenhower necesitó invocar explícitamente la Ley de Insurrección en 1957 para escoltar estudiantes afroamericanos en Little Rock. Bush padre hizo lo mismo durante los disturbios de Rodney King en 1992. “Trump está creando un manual para eludir controles democráticos”, denuncia la ACLU.
Fuentes del Pentágono revelan que el secretario Hegseth mantiene en alerta a marines de Camp Pendleton. Esta escalada coincide con declaraciones recientes de Trump en Iowa: “Si vuelven las protestas, no esperaré como antes”. Analistas ven aquí el ensayo de una estrategia electoral que podría redefinir los límites del poder presidencial.
Con AP