Corrientes, 30 de mayo de 2025.- El fiscal federal de Goya, Mariano Enrique de Guzmán, junto a los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron el juicio oral contra siete personas detenidas por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento del niño Loan D.P. El hecho ocurrió el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron el pedido de elevación a juicio ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. En la acusación, requirieron que los imputados—Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del menor), María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel—sean juzgados como coautores y partícipe necesario, respectivamente, por el delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años.
La figura penal, tipificada en el artículo 146 del Código Penal, establece una condena de entre 5 y 15 años de prisión. Los fiscales explicaron que la sustracción implica apartar al menor de su entorno de custodia legítima, mientras que el ocultamiento consiste en esconderlo para evitar su localización. Según la acusación, los imputados actuaron en conjunto: algunos sustrajeron al niño de su padre, otros lo ocultaron, y Maciel facilitó el delito con su intervención.
El caso
La desaparición de LDP ocurrió el 13 de junio de 2024 en el marco de un almuerzo en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. De acuerdo a lo reconstruido en la investigación, el niño de 5 años había arribado junto a su padre, José Peña, y fue sustraído de su ámbito de custodia entre las 13.52, horario en que el niño fue registrado en una fotografía por última vez caminando hacia una zona de monte en donde había un naranjal, junto a otras personas -mayores y menores de edad-, y las 15.26, hora en la que se verificaron los primeros intentos de comunicación a la madre del menor para avisarle de la desaparición de su hijo.
“En ese rango horario se consumó la sustracción del menor para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy”, señalaron los fiscales.
Para los representantes del MPF, “las evidencias obrantes en la causa brindan sustento suficiente” a este requerimiento, ya que “conforman un cuadro de cargo que acredita la ilícita maniobra en la que tomaron parte los procesados”.
Los fiscales afirmaron que, con posterioridad al almuerzo llevado a cabo en la casa de la abuela de Loan, “Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que José Peña (padre) y la abuela del niño se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava; apartaron a LDP de la esfera de custodia de su padre, utilizando la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños (atrayendo así al menor a que los acompañe) a un naranjal ubicado en un monte alejado a más de diez minutos a pie y cuya ubicación hacía imposible que el menor pudiera ser visualizado desde la casa de Catalina Peña, donde se encontraba su padre”.
En ese recorrido, y a medio camino hacia el naranjal -donde ya se encontraba Benítez-, en una tranquera en la que estaba Ramírez esperando a las mujeres y los niños, Laudelina había convencido a la prima de Loan de retornar a la casa alegando que allí también había árboles con naranjas, logrando de esta manera que todos los menores se quedaran solos con los otros tres mayores que habían ido hacia allí y que participaron de la sustracción.
Según el requerimiento, una vez en el naranjal -independientemente de las versiones ensayadas por los involucrados y el relato de los niños- se produjo “un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado”, situación que para los fiscales “perdura al día de la fecha”.
Para De Guzmán, Mángano y Colombo, existen sospechas de que, para ello, se utilizó “el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor”.
En relación al rol de quien por entonces era el jefe de la Comisaría de 9 de Julio, los fiscales sostuvieron que “para llevar adelante la sustracción y posterior ocultamiento del menor, se contó con la participación del comisario Walter Maciel, quien, valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda, e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor LDP”.
La valoración probatoria
Los representantes del MPF aseguraron que “el análisis integral del material probatorio reunido hasta el momento permite afirmar que los siete imputados intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de LDP”.
En el dictamen, los fiscales repasaron las diligencias llevadas a cabo, sobre las cuales el MPF fundó la hipótesis de sustracción y ocultamiento. En ese sentido, llegaron a la conclusión de que LDP “no se extravió”.
Explicaron que “la denominada zona cero de la desaparición y sus adyacencias, fueron rastrilladas agotando todos los recursos posibles: el mismo día de la desaparición, el 13 de junio, continuando los días inmediatamente posteriores; el 30 de junio; nuevamente el 24 de julio; el 15 de octubre; y, por último, el 18 de diciembre de 2024”.
“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron.
Otro punto que destacaron, vinculado a los operativos desarrollados por las fuerzas de seguridad provinciales y federales, “y que refuerza la hipótesis de sustracción y ocultamiento, es la idea común entre los familiares, personal de bomberos y la policía correntina, así como también de vecinos y personas allegadas que participaron activamente en la búsqueda, de que en ningún momento nadie escuchó al menor de edad desaparecido; ni un grito, llanto, o pedido de auxilio”.
Incluso, recordaron que en el caso de un vecino que en un principio había asegurado que ese día escuchó “un grito como de una criatura”, después aclaró que en realidad se trataba de “un grito de desesperación”, desdiciéndose de su primera versión.
Otras hipótesis no comprobadas
De Guzmán, Mángano y Colombo aclararon que “se llevaron a cabo distintas medidas investigativas, con el objeto de corroborar o descartar otras hipótesis planteadas en el caso y que podrían estar vinculadas con hechos de distintos tipos de criminalidad, las cuales dieron resultados negativos”.
En ese sentido, mencionaron que al día siguiente de la desaparición del niño se activó el Alerta Sofía, que como parte de su implementación se comunicó el caso a la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires de Interpol y se emitió una alerta amarilla para impulsar desde un primer momento su búsqueda a nivel internacional. También se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina que activara una alerta respecto de la búsqueda de paradero de LDP, especialmente en la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil, países que limitan con la provincia de Corrientes. Además, se le dio intervención a la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol para cotejar la imagen de LDP con los registros de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Menores de Edad (ICSE), como así también con los reportes del Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
Los fiscales concluyeron que tanto los infructuosos resultados de los cuatro grandes operativos de búsqueda desplegados, como estas medidas realizadas para ahondar aquellas líneas de investigación, “permiten sostener la hipótesis de una sustracción y ocultamiento de LDP”.
Sin embargo, aclararon que “esta hipótesis no excluye que el niño hubiera sido víctima de un suceso violento o accidente en ese mismo lugar o en sus inmediaciones, pero lo que sí confirma es que incluso ante este escenario, se ocuparon de llevarse al niño de la escena y mantenerlo oculto al día de la fecha”.
“Redoblar los esfuerzos” para hallar a Loan
Sobre el final del dictamen de 126 páginas, los fiscales también solicitaron ante el juzgado la “extracción de testimonios” de las partes pertinentes de las actuaciones y sus legajos conexos, así como también copias de todas las evidencias digitales y tecnológicas obrantes en la causa que resulten de utilidad, todo ello a los fines de proseguir así con la investigación de los hechos relacionados con la desaparición de LDP.
“Habida cuenta de que al día de la fecha se desconoce el paradero del menor LDP, ello impone la necesidad de redoblar los esfuerzos y profundizar las medidas tendientes a procurar su hallazgo”, indicaron los fiscales.
Con el Ministerio Público Fiscal de la Nación