Polémica en Argentina: Nuevas trabas a periodistas en la Rosada

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2025.- La reciente resolución 1319/2025 emitida por la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia ha establecido controvertidos cambios en el sistema de acreditación para periodistas que cubren las actividades gubernamentales. La normativa, que entraría en vigencia en los próximos días, ha despertado críticas por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que considera que estas medidas podrían afectar el ejercicio del periodismo profesional y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

Entre los aspectos más cuestionados se encuentra la implementación de criterios de selección que evaluarán factores como el tamaño de la audiencia, la cobertura geográfica y la especialización temática de los medios solicitantes. Este sistema de puntaje, según analistas del sector, podría marginar a medios regionales y plataformas digitales independientes que no cuenten con grandes métricas de alcance, pero que realizan una importante labor informativa.

La resolución establece además límites numéricos estrictos: solo 25 credenciales para la Sala de Prensa y 36 para la Sala de Conferencias, cifras que organizaciones profesionales consideran insuficientes para la cantidad de medios que actualmente cubren la actividad presidencial. Otro punto conflictivo es la restricción de circulación dentro del edificio gubernamental, permitiendo únicamente el acceso a áreas específicas para eventos programados y prohibiendo el tránsito por pasillos y oficinas, lo que en la práctica dificultaría el contacto con fuentes y el seguimiento de la agenda política.

En un comunicado reciente, ADEPA ha expresado su preocupación por lo que considera un “avance restrictivo” sobre las condiciones de trabajo periodístico, recordando que el libre acceso a la información pública es un pilar fundamental de la democracia. La asociación ha hecho un llamado a reconsiderar estos cambios, señalando que podrían sentar un precedente peligroso para la transparencia gubernamental.