El Gobierno de Santa Fe decidió intervenir la Unidad Regional II (URII) de la Policía en Rosario tras confirmarse un desvío de $45 millones en vales de nafta. En un operativo sin precedentes, se realizaron 38 allanamientos que resultaron en la detención de 17 personas, entre ellas 13 policías y 4 civiles.
La investigación, llevada adelante por los fiscales Matías Merlo y José Luis Caterina del Ministerio Público de la Acusación, comenzó hace casi un año a raíz de una denuncia anónima recibida por correo postal. Según las autoridades, los implicados aprovecharon su posición en el área de logística de combustible para apropiarse indebidamente de fondos públicos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que Claudio Romano asumirá como interventor por un plazo mínimo de tres meses. Paralelamente, se ordenó una auditoría integral enfocada en la gestión logística y administrativa, particularmente en el área de movilidad y control de combustibles.
Los investigadores descubrieron que los acusados manipulaban el sistema de carga de combustible, aprovechando que la URII destina aproximadamente $380 millones mensuales a este rubro. Entre las pruebas clave se encuentra el secuestro de 300 tarjetas Visa Flota que deberían haber estado en poder de los conductores de los móviles policiales, pero que fueron halladas en domicilios particulares.
El fiscal Merlo explicó que “se trató de una organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado”. Los detenidos incluyen a personal jerárquico de la URII, aunque se aclaró que ni el jefe ni el subjefe de la unidad están imputados.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la participación de una estación de servicio cuyos propietarios aparecen como partícipes necesarios en el esquema ilícito. Según Caterina, el monto defraudado representa alrededor del 12% del presupuesto mensual que la URII destina a combustible.
La intervención marca un punto de inflexión en las políticas de transparencia del gobierno provincial, que aseguró que continuará con las investigaciones y no descarta nuevas detenciones. El caso expone graves falencias en los controles internos de la fuerza policial y plantea serios interrogantes sobre la administración de recursos públicos.
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