EE. UU., 29 de abril de 2025.- Un juez federal de California ha emitido un fallo que restringe significativamente las acciones de la Patrulla Fronteriza en materia de arrestos de presuntos migrantes indocumentados. La jueza Jennifer L. Thurston determinó que los agentes no pueden detener a personas sin una orden judicial, salvo que exista un riesgo fundado de fuga. La medida, aplicable únicamente en el Distrito Este de California, surge tras una serie de operativos cuestionados por organizaciones de derechos civiles, informó la agencia de noticias AP.
La decisión judicial, emitida este martes, también prohíbe a los agentes utilizar el mecanismo de “salida voluntaria” sin informar previamente a los detenidos sobre sus derechos. Este fallo responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en representación del sindicato United Farm Workers y de personas afectadas por los operativos de la Patrulla Fronteriza.
Según la ACLU, durante la “Operación Devolución al Remitente” —llevada a cabo en enero—, agentes detuvieron a decenas de personas basándose únicamente en su apariencia de “trabajadores agrícolas”, sin considerar su estatus migratorio real. Los afectados fueron trasladados en autobús hacia la frontera, retenidos sin acceso a abogados y presionados para firmar documentos que renunciaban a su derecho a un proceso legal.
“La evidencia muestra que la Patrulla Fronteriza violó derechos constitucionales”, afirmó la jueza Thurston en su resolución. Además, ordenó que las autoridades presenten informes periódicos detallando cada arresto sin orden judicial, hasta que se resuelva la demanda.
El gobierno argumentó que el caso carecía de jurisdicción, ya que las disputas migratorias suelen resolverse ante jueces especializados. También alegó que la Patrulla Fronteriza ya había implementado nuevas directrices para evitar arrestos arbitrarios. Sin embargo, Thurston rechazó estos argumentos, señalando que las políticas recientes no garantizan que las prácticas ilegales no se repitan.
Este fallo marca un precedente en el debate sobre los métodos de control migratorio y podría influir en futuras demandas contra las redadas indiscriminadas.