Bogotá, Colombia, 29 de abril de 2025.- El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza este martes al violento “plan pistola” del Clan del Golfo, que ha cobrado la vida de 27 miembros de la fuerza pública en distintas regiones del país. A través de un mensaje en X (antes Twitter), el mandatario anunció que su gobierno intensificará las operaciones militares contra esta organización criminal, dijo el diario El Espectador.
“El Clan del Golfo, como respuesta a la captura de sus cabecillas, está asesinando a hijos del pueblo. Ya son 27 policías y soldados caídos. No retrocederemos: arreciamos la ofensiva. No tienen escapatoria. O deponen las armas y se reintegran legalmente a la sociedad, o enfrentarán una alianza global para su destrucción. Los perseguiremos incluso hasta sus conexiones en Dubái”, declaró Petro.
El presidente también honró la memoria de las víctimas, publicando los nombres de los uniformados asesinados. Su postura fue respaldada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien acusó al Clan del Golfo de “desafiar al Estado con narcotráfico, sicariato y terror” y prometió “una respuesta contundente con toda la fuerza legítima de la nación”.
Golpes simultáneos y advertencia sin precedentes
Velásquez destacó que las autoridades ya han desarticulado varias subestructuras del grupo y aseguró que los operativos continuarán. “Estamos en sus rutas, sus zonas de influencia y los lugares donde pretenden sembrar miedo. Pueden esconderse, pero no huirán. El Estado no cederá, y las comunidades merecen paz”, afirmó.
Este anuncio se produce semanas después de que Petro confirmara el bombardeo que dejó ocho integrantes del clan muertos en Antioquia, acción que en su momento celebró públicamente: “Felicitaciones a nuestras Fuerzas Militares”, escribió entonces.
El mandatario ha reiterado que esta organización, lejos de sumarse a su política de “Paz Total”, sigue enfocada en el narcotráfico, la trata de personas en el Darién (aunque en menor escala) y la extorsión en el Caribe colombiano. La escalada de violencia marca un punto crítico en la estrategia de seguridad del gobierno.