Roma, 5 de diciembre de 2024.- La Policía italiana detuvo este jueves a 25 personas en una operación llevada a cabo en Brescia (norte de Italia), dirigida contra la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa del sur del país.
Entre los detenidos se encuentra una monja que aprovechaba su posición religiosa para acceder a las cárceles y actuar como intermediaria entre los reclusos y la organización criminal, informó la agencia de noticias EFE.
Los detenidos, que residen en varias provincias italianas, como Brescia, Milán, Calabria, Como, Lecco, Varese y Viterbo, además de en España, también fueron despojados de fondos financieros y bienes que superan los 1,8 millones de euros, según informó la Policía.
La investigación, coordinada por la Fiscalía Antimafia y la Fiscalía de Brescia, descubrió una organización de la ‘Ndrangheta que operaba en la provincia y mantenía acuerdos de colaboración con otros grupos criminales de la periferia de Brescia, con el objetivo de realizar actividades ilícitas en conjunto.
La red era capaz de infiltrarse en las estructuras penitenciarias y enviar mensajes a los presos, utilizando a la monja, quien aprovechó su cargo espiritual para tener acceso libre a las cárceles. La religiosa, identificada como Anna Donelli, llevaba 15 años como voluntaria en la prisión de San Vittore en Milán y había trabajado en otras cárceles de Pavia y Roma.
Asimismo, fueron arrestados bajo arresto domiciliario Giovanni Acri, exconcejal municipal de Brescia por el partido Hermanos de Italia, y Mauro Galeazzi, exmiembro de la Liga en el municipio de Castel Mella. Galeazzi, que ya había sido detenido anteriormente por sobornos y luego absuelto, ahora es acusado de pactar con la mafia para obtener apoyo electoral a cambio de futuros beneficios ilícitos.
Delitos imputados a los detenidos:
Los acusados enfrentan cargos por extorsión, tráfico de armas y drogas, recepción de bienes robados, usura, delitos fiscales, blanqueo de capitales y vínculos mafiosos con el ámbito político.
La organización “local” replicaba las acciones típicas de las mafias, como extorsiones, tráfico de drogas y armas, y blanqueo de dinero. Además, constituyeron varias empresas “pantalla” en el sector del comercio de chatarra, emitiendo facturas falsas por unos 12 millones de euros para reducir impuestos y lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. La operación también destapó el intercambio de apoyo político entre los mafiosos y algunos actores del ámbito electoral.