CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 29 DICIEMBRE 2023.- El presidente argentino Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado, le daría amplias facultades para gobernar sin depender del órgano legislativo. Entretanto, continúan y se amplifican las manifestaciones contra sus políticas.
El inicio del Gobierno de Javier Milei está marcado por la velocidad y la profundidad: llegó con ánimos de cambiar mucho. Hay sectores que respaldan la iniciativa del nuevo presidente, pero otros miran con preocupación las modificaciones al Estado y las normas que regulan los intercambios sociales, económicos y culturales de los argentinos.
A medida que pasan los días, empieza a definirse un escenario en el que es el Poder Legislativo el que queda como principal contendiente –o muro de contención, para quienes se oponen a Milei– de un Ejecutivo que preferiría evitar tener que gobernar en un ida y vuelta republicano con el Congreso, con el argumento de que la urgencia y la gravedad de la coyuntura no admiten demoras ni largos debates.
En ese contexto, además, crece la protesta social organizada y espontánea, a la vez que el gobierno refuerza –y busca aumentar– las instancias de control de las manifestaciones y represión de la protesta.
Comienza el camino de barro
La Administración de Javier Milei arrancó con todo, con ínfulas, con ánimo avasallante, con un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que implementa cambios drásticos en las regulaciones de la economía, a menos que sea, en las próximas semanas, rechazado por el Congreso), y con la intención de modificar aún más sectores, como busca un proyecto de ley del que hablamos más abajo.
Arrancó el Gobierno de Milei por autopista, a toda velocidad. Pero el día a día de la democracia republicana es un camino de tierra, generalmente embarrado tras una tormenta, y para avanzar toca ir más lento y sortear obstáculos y pequeñas lagunas donde no quedar estancado. No es un error en el diseño del sistema, es intencional: de ese modo ofrece contrapesos e instancias de contralor, buscar garantizar –a veces mejor, a veces peor– que todos los sectores sociales tengan representación.
Milei ganó con amplio margen las elecciones para ser presidente. Pero en el Legislativo su partido quedó rezagado y eso también fue una elección de los votantes: quisieron, más o menos explícitamente, ponerle límites a su poder. Tampoco tiene especial influencia en la estructura de los poderes locales de gobernadores e intendentes: otro límite a su poder. Todos límites impuestos por el mismo electorado que le dio su triunfo. Si esa victoria es legítima porque se la otorgó la ciudadanía en las urnas, también es legítimo el límite, votado por los mismos electores.
Todo esto sin contar otros límites propios de esta sociedad. En primer lugar la otra pata de la estructura republicana: la Justicia, en la que ya hubo presentaciones contra el DNU. Y los actores sociales y económicos: empresas (las grandes por ahora respaldan a Milei desde sus cámaras, las pequeñas y medianas esperan a ver qué pasa), sindicatos, movimientos sociales (que comenzaron a hacer marchas contra el gobierno), líderes religiosos, etc.
Lejos de buscar gobernar mediante consensos, el Gobierno, en esta etapa inicial, sigue avanzando en un intento de concentrar poder y forzar todas las reformas que cree necesarias. En las próximas semanas y meses se verá si el barro republicano acomoda el carro de Milei o si este logra construir una autopista que lo pase por encima.
El polémico proyecto de ley ómnibus
El miércoles, el Ejecutivo envió un proyecto de ley ómnibus al Congreso llamado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” para que sea tratado en las sesiones extraordinarias que se extienden hasta el 31 de enero.
En línea con el DNU de la semana pasada, el proyecto busca limitar la intervención del Estado y desregular la economía.
Su nombre es una referencia al libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, del jurista y político liberal argentino del siglo XIX Juan Bautista Alberdi, que es uno de los referentes ideológicos de Javier Milei. Ese libro sirvió de inspiración para la redacción de la Constitución de 1853, que es la que Milei cita como su predilecta en la historia constitucional del país.
La diversidad de temas que cubre, la profundidad de las modificaciones que propone, y el hecho de que le solicita al Congreso que le otorgue extensas facultades legislativas al presidente, hizo que el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez considere que, junto con el DNU de la semana pasada, el proyecto de ley “es un intento de reforma constitucional encubierta sin cumplir con el mecanismo previsto por el art. 30 de la Constitución”, artículo que regula ese mecanismo.
La cesión de facultades, en el marco de una amplia declaración de emergencia pública, en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, ha sido especialmente cuestionada, porque eventualmente le permitiría gobernar hasta el final de su mandato sin tener que pasar, dialogar con e interactuar con el Congreso.
El proyecto de ley propone modificaciones vinculadas a la toma y reestructuración de deuda por parte del Estado, que le permitiría reestructurar deuda en peores condiciones que las que tiene la deuda vigente sin pasar por el Congreso. También habilita la privatización de 41 empresas estatales.
La ley propone además derogar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modifica la forma en que se eligen los diputados, para que en vez de listas de legisladores por provincia sea un diputado más un suplente por circunscripciones más pequeñas en las que deberían dividirse los distritos. Es considerado un sistema que puede darle mayor poder al Ejecutivo, al favorecer a los principales partidos, especialmente a quien gane las elecciones presidenciales, y dejar de lado a los más pequeños. Además, modifica la distribución de diputados entre las provincias. El proyecto de ley también elimina los límites a la financiación privada de las campañas electorales. Y restringe las actividades políticas que pueden realizar funcionarios públicos.
Por otro lado, ha sido muy cuestionada la sección del proyecto que regula las manifestaciones: profundiza las penas por el corte de calles y servicios en el marco de una protesta y a los organizadores de protestas en los que ocurra eso. Además, hace extremadamente fácil que cualquier reunión de tres o más personas en la calle pueda considerarse una manifestación. E impone que toda manifestación sea notificada con anticipación al Ministerio de Seguridad. Algunos observadores han dicho que es una suerte de imposición de un estado de sitio permanente.
El proyecto modifica la llamada Ley de 1.000 días, dedicada a la protección y acompañamiento de niños y personas gestantes hasta los primeros tres años de los menores. Para empezar, deja de hablar de “personas gestantes” y pasa a referirse a “mujeres embarazadas”. Se enfoca mujeres en situación de vulnerabilidad, mientras que la ley actual es general. Además, incluye los términos “hijo por nacer” y “niño por nacer”, reñidos con la ley de aborto legal, seguro y gratuito. En esa línea, también propone realizar operativos para “buscar activamente y detectar embarazadas en situación de vulnerabilidad” y realizarles controles y ecografías a esas embarazadas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, que hoy son estrategias que llevan adelante sectores de la sociedad civil contrarios al derecho al aborto.
La ley propone otorgar una moratoria para deudores impositivos, un blanqueo de capitales y bienes no declarados y una baja del impuesto a los bienes personales, a la vez que aumenta las retenciones (un tipo específico de tributos) a las exportaciones. También plantea la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que actualiza automáticamente los montos que cobran los jubilados.
Y elimina numerosos recursos, apoyos e instituciones vinculadas con la cultura y el arte, que afectarían las industrias del libro, el teatro, el cine, por mencionar solo algunas. Y habilita a las universidades públicas a cobrar un arancel a estudiantes extranjeros.
Estos son apenas algunos de los aspectos de un extensísimo proyecto de ley, que tiene 664 artículos, sin contar los contenidos en sus anexos, que en algunos casos son proyectos de ley en sí mismos encapsulados dentro del proyecto madre.
Sea activa la CGT y convoca a un paro general en enero
El mismo miércoles, antes de la difusión del proyecto de ley del Ejecutivo, se llevó a cabo una manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande y poderosa de Argentina. No fue la primera protesta contra el Gobierno en los pocos días de mandato que lleva Javier Milei –también hubo otras de organizaciones sociales y cacerolazos espontáneos–, pero es importante por el rol de la CGT y los sindicatos agrupados bajo su paraguas.
El eje de la protesta fue el DNU emitido la semana pasada: lo consideran un retroceso sobre los derechos de los trabajadores (modifica las indemnizaciones por despido, elimina multas y sanciones por trabajo no registrado, extiende el período de prueba, entre otros puntos). También creen que socava el poder de los sindicatos hegemónicos y sus facultades, al limitar el alcance de los convenios colectivos de trabajo y los aportes que reciben de sus afiliados.
La manifestación tuvo lugar al mediodía, frente a los tribunales que se encuentran en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde la CGT presentó un recurso de amparo para que se suspenda la entrada en vigencia del DNU, aunque fue rechazado por el tribunal por considerarlo “extemporáneo” (por no estar vigente el DNU), le informaron desde la central sindical a France 24 en Español. Para intentar que sea admitido presentaron una apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en el fuero Laboral. De ser admitida, se sumaría a otras presentaciones judiciales que en el mismo sentido realizaron otras organizaciones.
Sumado a eso, el jueves la CGT anunció la convocatoria a un paro general el 24 de enero, que incluirá una movilización al Congreso. La última vez que la central sindical convocó a una huelga general fue el 29 de mayo de 2019, último año del gobierno de Mauricio Macri.
Al final de la manifestación del miércoles, cuando los asistentes ya estaban dejando la zona, se dieron focos de represión policial y las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas. Además, fueron agredidos por policías trabajadores de prensa.
A diferencia de lo que ocurrió tras la marcha piquetera del pasado 20 de diciembre, cuando el Gobierno aseguró que le intentará cobrar el costo del operativo de seguridad a los movimientos sociales que convocaron, desde el Ejecutivo le dijeron a France 24 en Español que no lo harían con la CGT, porque esta entidad había pedido autorización para la manifestación –algo que hace habitualmente– y había pagado un seguro de caución para cubrir eventuales daños.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, le dijo a France 24 que efectivamente no habían pedido autorización para la marcha del 20 ni sacado un seguro porque “no corresponden ninguna de las dos cosas”.
Eso podría cambiar si se aprueba lo que plantea el proyecto de ley del Ejecutivo respecto a las manifestaciones y protestas.
France24