CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, 24 JUNIO 2023.- Este 25 de junio Guatemala celebra elecciones, pero lo hace en un momento de especial riesgo para la democracia, según indican varias organizaciones internacionales. Esa amenaza viene de la corrupción estructural que parece afectar a las élites políticas, empresariales y militares. Un problema que no es nuevo, ya que data de la guerra civil que golpeó al país, pero que se ha agravado tras la salida de la Cicig en 2019.
Este 25 de junio Guatemala celebra comicios presidenciales. Una fecha destacada en el calendario político que, sin embargo, genera desinterés y desafección entre una buena parte de los guatemaltecos. El motivo principal es la relación que ha tenido la clase política de este país con la corrupción. Un problema sistémico que amenaza con socavar la democracia y que, aunque se intentó combatir entre 2006 y 2019 con la creación de la Cicig, avalada por Naciones Unidas, tras su final, la impunidad se ha vuelto más peligrosa. Pero no se puede entender el contexto de Guatemala sin conocer su historia.
Este país sufrió una cruenta guerra civil entre 1960 y 1996 que enfrentó a militares y el Estado contra varias guerrillas subversivas de corte marxista. Este conflicto dejó alrededor de 200.000 fallecidos, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y permitió que la casta militar gobernara durante décadas con mano de hierro, cometiendo violaciones a los derechos humanos en medio de una gran impunidad. El final de este periodo sentó las bases de la democracia actual tras la firma de paz de 1996 en Madrid, España, entre las dos partes.
Sin embargo, en los años posteriores al acuerdo, Guatemala se mostró como una nación con dificultades para garantizar los derechos de una democracia plena. El motivo principal fue que, ante la desarticulación que había sufrido el Estado en las décadas anteriores, varias élites políticas, económicas y militares comenzaron a cooptar las instituciones para lucrarse gracias a ellas. Una situación que obligó al expresidente Óscar Berger a pedir ayuda en 2006 a Naciones Unidas para combatir a las estructuras corruptas: así nació la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también conocida como Cicig.
La Cicig, una misión de la ONU que pretendía terminar con la corrupción en Guatemala
Esta organización era, por lo tanto, una entidad que no pertenecía al Estado guatemalteco, pero cuya finalidad era reformar el sistema judicial de Guatemala y apoyarse en él para combatir la corrupción. Su éxito fue más que notable, especialmente a partir de 2013, cuando el abogado colombiano Iván Velásquez pasó a presidir esta organización.
Velásquez comenzó a investigar y perseguir a las macroestructuras de corrupción y descubrió, junto a su equipo, un tejido de sobornos y financiación ilegal que afectaba hasta a las más altas esferas del Estado, incluyendo a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al expresidente Otto Pérez Molina. Ambos se vieron obligados a dimitir en 2015 después de que se probara que pagaban sobresueldos a congresistas para mantener la disciplina de voto. Los dos fueron juzgados y condenados. Algo considerado histórico para Guatemala.
Bajo el apoyo de la Cicig, esta nación pasó a ser considerada como un ejemplo a nivel global en el combate contra la corrupción y en transparencia. La ciudadanía comenzó a exigir cambios políticos y responsabilidad en las calles. Entonces, muchos de los partidos y figuras tradicionales desaparecieron. Las investigaciones de la Cicig afectaron a alcaldes, empresarios, militares, jueces y ministros. Un éxito que comenzaría a molestar a las élites guatemaltecas, quienes aunque en un principio no veían como peligrosa a esta organización, finalmente se vieron amenazados. Así habló Velásquez sobre esta circunstancia en 2017.
“Cuando se asume la labor con independencia, con rigurosidad, con responsabilidad entre lo previsible está que los sectores afectados reaccionen de la manera como lo han venido haciendo en Guatemala.”
En este clima de cambio político fue elegido como presidente Jimmy Morales, una figura que se mostró a favor de seguir colaborando con la Cicig y que hizo del discurso anticorrupción su bandera. Pero todo cambió cuando Velásquez y sus investigaciones salpicaron al hijo y al hermano de Morales y, más tarde, al propio expresidente por financiación ilegal de su campaña. Morales prohibió la entrada al país de Velásquez y bloqueó todas las investigaciones primero y en septiembre de 2019 decidió no renovar el mandato de la Comisión con las siguientes palabras:
“La Cicig ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país sobre todo por las acciones del señor Iván Velásquez Gómez a quien el Gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del consejo de seguridad nacional.”
Las denuncias de impunidad se han multiplicado tras la salida de la Cicig
A partir de ese momento, las estructuras encargadas de investigar la impunidad fueron desmanteladas y aquellos que la denunciaban perseguidos. Tras Morales, llegó al cargo Alejandro Giammattei, una figura que había sido señalada con anterioridad por la Cicig y que también rechazó su regreso.
De hecho, varias organizaciones, como Human Rights Watch, afirman que Giammattei, junto con su fiscal general Consuelo Porras, ha orquestado una persecución contra funcionarios y periodistas que denuncien corrupción. Entre ellos destaca el periodista José Zamora, quien destapó tramas de corrupción en las altas esperas que salpicaron a Giammattei. Esta última semana, Zamora fue condenado a seis años de prisión en medio de un proceso judicial cuestionado.
En este contexto se llega a los comicios de 2023, donde dos candidatos progresistas críticos con el sistema han sido vetados y los tres favoritos para ganar —Zury Ríos, Edmond Mulet y Sandra Ríos— han rechazado que la Cicig vuelva y aspiran a un modelo de Gobierno con semejanzas al de Nayib Bukele en El Salvador, según han confirmado en sus respectivas campañas.
France24