El silencio es una de las principales estrategias del intendente. Pero el silencio es cómplice de las injusticias, las legitima. Los representantes electos deben rendir cuentas de sus decisiones y acciones.
LOMA HERMOSA, TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 11 FEB 2022 (Mi Periódico).- El huidizo intendente del partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, reapareció este viernes en medio de una encuentro que tuvo con otros intendentes del PRO reclamándole al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, por los fondos coparticipables. Más recursos para las intendencias.
El intendente Valenzuela reaparece luego de la escandalosa ausencia que tuvo frente a la crisis que provocó la venta de cocaína adulterada en Tres de Febrero, en el barrio de Puerta 8, que dejó 24 muertos y más de 80 intoxicados.
Uno de los síntomas más preocupantes del estado actual de las democracias es el creciente desprestigio de los políticos, a los que se les considera tan ineptos como corruptos.
Valenzuela ha elegido el silencio. Pero no es que cerrando los ojos la realidad desaparece, y tampoco callando se ayuda a que algo cambie para bien.
El silencio es la propia autocensura por ausencia total de audacia, o porque no se responde a los intereses que se dice representar.
La rendición de cuentas señor intendente implica delegación de autoridad y responsabilidad de aquel al que se le confía un mandato.
Los representantes electos deben rendir cuentas de sus decisiones y acciones. Pero hasta el momento el intendente no lo ha hecho, ya que incluso cuidar la salud de los vecinos de Tres de Febrero es su obligación directa.
Quien recibe el mandato tiene la obligación permanente de informar y responder de sus actos y, al mismo tiempo, el mandante tiene el derecho y la capacidad de exigirle información transparente, verdadera y objetiva además de las explicaciones correspondientes.
La delegación de autoridad se hace a través de una suerte de contrato; las relaciones políticas en una democracia constitucional representativa establecen la relación de la ciudadanía con sus representantes y gobernantes, así como entre los poderes a través de un entramado legal que dice claramente para que está facultada cada una de las autoridades y qué resultados se esperan de ella.
Recordemos que en el barrio de Puerta 8 existían una “zona liberada” para la vente de estupefacientes, y según declaraciones periodística la exministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, Valenzuela no era ajeno a la situación que provocó muertes e internaciones que se podían haber evitado.
Los problemas de nuestro mundo no derivan sólo las acciones malas, de las decisiones mal tomadas, de la corrupción, la violencia, sino también y en mayor medida, de la actitud contemplativa de ese otro medio mundo que considera que los problemas de “los otros” no les conciernen. Esos otros que sufren no son personas, son cifras.
Pero lo cierto es que hasta el momento el intendente Diego Valenzuela no está cumpliendo con la obligación de políticos y funcionarios de informar, explicar y justificar frente a la ciudadanía sobre el uso que han hecho de el poder que ésta les ha conferido, y que dejó el lamentable resultado de 24 muertos y 80 intoxicados por algo que se podía haber prevenido.
El intendente Valenzuela aún no dio explicaciones sobre por qué retiro los móviles municipales del COM Tres de Febrero de los patrullajes de los barrios Churruca y El Libertador, que contribuyeron a generar una zona liberada para la compra-venta de cocaína adulterada con carfentanilo.
El carfentanilo es un opioide sintético que suele usarse para tranquilizar elefantes y otros mamíferos; en humanos, es una droga letal.
Y por qué el intendente Valenzuela no denunció ante la justicia por escrito la venta de droga a cielo abierto, a plena luz del día, las 24 horas, los 7 días de la semana, que registraba la cámara de seguridad ubicada a 150 metros del cruce de las calles El Parque y Miramar, en el barrio Puerta 8, en donde era tal la impunidad con la que operaba la banda criminal que hasta los bolseros vendían estupefacientes cómodamente desde un sofá ubicado en la vía pública a la vista de todos.
La complicidad de las autoridades en la venta de droga es más que evidente.
Los hechos hablan por si solos.
Su responsabilidad no se limita entonces a rendir cuentas de sus aciertos o errores ante una asamblea o un cuerpo electoral (aunque, por supuesto, implique la disposición a someterse a su juicio), sino que se entiende como actitud propia de quien, lejos de «escurrir el bulto», acepta tomar decisiones, ocuparse de lo público y, en general, hacer frente a los requerimientos propios de la gestión política.
Y más temprano que tarde el intendente deberá abandonar el silencio para responder ante la justicia sobre la omisión dolosa de las autoridades que provocaron la muerte de 24 personas y más de 80 intoxicados, que ahora quieren tapar con la estrategia política del silencio insultante.