BUENOS AIRES. TRES DE FEBRERO: Containers oficinas usados. Valían 11 mil dólares y la municipalidad los compró por 42 mil dólares. Más de tres veces el valor de plaza. Pero para un fiscal no hubo sobreprecios

La causa se inició en el año 2017. Los containers fueron adquiridos por la actual administración del intendente Valenzuela.

Uno de los container oficina de la Policía Local ubicado en el cruce de las calles Lisandro de La Torre y Triunvirato, en el partido de Tres de Febrero.

TRIBUNALES DE SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 25 ENE 2022 (Mi Periódico).- Un fiscal del Departamento Judicial de San Martín aseguró este martes que el Estado no paga sobreprecios si compra productos a más de tres veces el valor de plaza.

La causa se inició en el año 2017. Los containers fueron adquiridos por la actual administración del intendente Valenzuela.

El fiscal, se expresó en el marco de una investigación penal por la compra de varios containers marítimos en desuso por parte de la Municipalidad de Tres de Febrero, transformados en oficinas para la Policía local, que valían en el mercado 11 mil dólares cada uno, y por los cuales la municipalidad pagó 42 mil dólares por unidad. O sea más de tres veces su valor.

Para llegar a esa resolución, el fiscal, que busca tapar el sol con un dedo para evitar llevar a juicio a los responsables, se alejó de las reglas de la sana crítica y no tuvo en cuenta las pruebas aportadas durante el proceso. En un intento por justificar lo injustificable.

Un verdadero escándalo jurídico, ya que la resolución habilita el robo del dinero de los contribuyentes a cara descubierta y sin ningún tipo de controles.

Lo cierto es que históricamente los containers oficinas de 20 pies se comercializan en el mercado a un valor cercano a los 11 mil dólares por unidad.

Sin embargo, la Municipalidad de Tres de Febrero, increíblemente, pagó por varios de ellos una suma superior a los 42 mil dólares.

Por cada container usado la Municipalidad de Tres de Febrero podría haber comprado tres camionetas Partner Furgón 1.4 N Presence AA, que en el mes de Agosto del año 2016 tenían un costo por unidad aproximado de 217 mil pesos. Unos 14 mil dólares cada una.

La causa se inició en el año 2017: Los containers fueron adquiridos por la actual administración del intendente Valenzuela.

Los containers fueron adquiridos por la municipalidad a través de licitaciones privadas de la que participaron cuatro empresas que no eran del rubro.

Lo curioso es que no consta en el expediente administrativo que al momento de adjudicar la licitación la municipalidad tuviera en cuenta el precio de plaza del producto, que era tres veces menor al que efectivamente pagó.

Las empresas cotizaron, pero deliberadamente la municipalidad omitió indicar el precio testigo del producto. O sea el precio de plaza.

A través de esa maniobra, la municipalidad intentó demostrar que pagó el menor precio ofertado por los participantes.

Pero, como deliberadamente omitieron el precio testigo, o sea el precio de plaza del producto, lo cierto es que pagaron tres veces más de lo que realmente valían.

Pagar tres veces más por un producto de lo que vale en el mercado para nada parece ser un precio razonable.

Cuando nos referimos a los precios testigos, debemos tener en claro que hablamos de aquellos que debe pagar el Estado a sus proveedores, tanto por bienes como por servicios, los que deben ser tomados como parámetros de apoyo respecto a los precios de mercado.

Administrar precios testigos significa gobernar con costos reales y razonables.

Pero eso no es todo. Todos los containers oficinas comprados para la Policía Local estaban enganchados clandestinamente a la red de Edenor y consumían energía.

Por ese motivo, la empresa Edenor obligó a la municipalidad a colocar los medidores correspondientes.

Hay que tener presente que “las conexiones clandestinas ponen en riesgo la vida de las personas que la manipulan, aumentan la posibilidad de cortocircuitos y afectan la calidad del servicio que vos pagás”. ” Y el robo de energía es un delito y está penado por la ley”, asegura Edenor. “Que en este caso no hizo la denuncia penal.”

Pero como si eso fuera poco, la municipalidad tampoco presentó la documentación aduanera de nacionalización de los contenedores marítimos, y hasta el momento nadie sabe cómo ingresaron al país.

El perjuicio para la administración municipal podría ascender a más de 200 mil dólares.

“El culto del Estado es el culto de la fuerza. No hay amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles. Los peores males que la humanidad haya tenido que soportar fueron infligidos por los malos gobiernos.” LUDWIG HEINRICH EDLER VON MISES.

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