Informe anual de la ONG que deja mal parados a Evo Morales, Añez y Arce
LA PAZ, BOLIVIA, 13 ENE 2022.- La ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncia en su Informe Mundial 2022 que el expresidente de Bolivia Evo Morales socavó la independencia judicial durante su gobierno y también fustiga a la administración interina de Jeanine Añez porque promovió causas contra opositores con cargos infundados.
Pero, tampoco queda exceptuado de la embestida el actual gobierno boliviano que encabeza Luis Arce (del Movimiento al Socialismo, como Morales), porque según HRW respalda acusaciones, sin la evidencia necesaria, contra Añez.
El documento publicado este jueves, HRW analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países y lo primero que señala de Bolivia, en un capítulo dedicado a ese país, es que el sistema judicial nacional “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”.
En ese contesto, sostiene que el expresidente Morales “socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder”,
Durante su gobierno -se lee en el informe- los fiscales presentaron cargos contra varios de sus adversarios que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.
También subraya que alrededor del 80% de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual “aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo”.
En referencia al gobierno interino o de transición (considerado de facto por el socialismo) de Añez, el informe de HRW indica que “presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses”, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales.
“En muchos casos parecían responder a motivaciones políticas”, denuncia HRW.
En el reporte indica que después de ganar las elecciones de octubre de 2020, Arce sostuvo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política y que a fines de ese año estableció una comisión de expertos para plantear reformas.
“Sin embargo, en febrero de 2021, el presidente Arce decretó una amnistía que permitía la impunidad por delitos graves y parecía haber sido diseñada para favorecer a sus simpatizantes”, indica HRW.
Además, en marzo de 2021 las autoridades detuvieron a Añez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, en relación a su supuesta participación en “un golpe de Estado” contra Morales en noviembre de 2019.
“Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y a proposición acusatoria y no halló pruebas de que Añez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, se lee en el Informe Mundial 2022.
El reporte, por otra parte, indica que en agosto de 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
publicó un informe en el cual puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial.
“En respuesta, el gobierno de Arce revocó el decreto de amnistía de febrero de 2021. En octubre, su gobierno firmó un
acuerdo con organismos de la ONU para reformar el sistema de justicia, que incluye recibir recomendaciones de expertos nacionales e internacionales”, agrega la ONG.
El informe de esa entidad ubica a Bolivia junto a Argentina, Perú y Guatemala, donde se detectaron “diversos
esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos”, lo que
amenaza el sistema democrático.
El informe observa que Bolivia tan solo ha juzgado a unos pocos de los funcionarios responsables de violaciones de
derechos humanos cometidas durante los gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, “en parte porque las Fuerzas Armadas se han negado a compartir información en algunas ocasiones”.
HRW también se refiere a la temática libertad de expresión y acceso a la información. Señala que el informe de la
GIEI documentó decenas de ataques físicos contra periodistas de policías, soldados y manifestantes durante las protestas relacionadas con las elecciones de 2019.
“El informe concluyó que las autoridades no habían realizado investigaciones adecuadas sobre estos ataques”,
agrega. (ANSA).