La violencia ensombrece el proceso electoral más grande en la historia de México

CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO, 1 JUNIO 2021 — Los asesinatos, ataques a bala, secuestros, golpes y amenazas contra candidatos a un cargo de elección popular en las elecciones intermedias del 6 de junio, se han vuelto hechos de todos los días en distintos puntos de la geografía del país. Consultoras especializadas contabilizan hasta 34 homicidios. Mientras el Gobierno asegura que hay plena coordinación para afrontar la violencia, los líderes de los partidos ven a las autoridades rebasadas.

Las elecciones más grandes y complejas de la historia de México se disputan a sangre y fuego. Si bien algunas consultoras especializadas como Etellekt señalan 34 asesinatos de candidatos y aspirantes al corte del 25 de mayo, el Gobierno federal, con cifras al 21 de mayo, reconoce sólo 13 homicidios.

Y aunque una u otra cifra pudieran parecer poco relevantes, considerando el tamaño de la elección, en la que se enfrentan cerca de 150.000 candidatos para renovar 21.000 cargos públicos, lo preocupante es que, desde el inicio del proceso y más aún en la recta final de las campañas, los asesinatos, secuestros, amenazas y agresiones son asunto de todos los días.

La noche del 8 de mayo, un grupo de pistoleros disparó a mansalva contra la camioneta de Guillermo Valencia, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno de Morelia, capital del estado de Michoacán.

Esa noche el campeón mundial de boxeo en peso supermedio, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, peleaba contra Billy Joe Saunders, y un amigo insistió a ‘Memo’ (como lo conocen los morelianos) en que fueran a ver el combate a un bar. Valencia aceptó, pero decidió cambiar de vehículo, pues consideró que no sería bien visto tener la camioneta rotulada con su nombre afuera de un bar. Eso “y la voluntad de Dios” salvó al priista de la muerte, comenta él mismo en entrevista con France 24 seis días después del atentado y luego de un encuentro con simpatizantes, tras haber retomado sus actividades proselitistas.

Dos integrantes de su equipo de campaña resultaron heridos por los disparos de arma de fuego, metralla que iba dirigida al candidato. Para Valencia, al margen de las investigaciones de la Fiscalía, “el enemigo está en casa (…) porque hay muchas razones para pensarlo. Iban a hacer una campaña de lucro con el dolor que dejara mi partida”.

A raíz del atentado, el candidato tuvo que hacer ajustes en su ritmo de campaña. “Yo antes empezaba a las 7:00 a.m. y terminaba a las 10:00 p.m.. Me iba a caminar, me iba a los tianguis, a los mercados. Ya no, pues mi actividad pública disminuyó drásticamente. Traigo ahora sí una camioneta blindada que me prestó un amigo. Uso un chaleco antibalas”, revela mientras golpea con el dedo índice su pecho para hacer sonar el escudo bajo su camisa.

Valencia pensó que tras volverse noticia el ataque, la gente dejaría de asistir a sus actos de campaña, pero no ha sido así. “Entonces, si ellos no se rajan, ¿por qué me voy a rajar?”, dice, confiado en que “la gente lo cuida”.

Pero la suerte de vivir para contarla desafortunadamente no la han tenido todos los candidatos que han sido víctimas de ataques. Cinco días después del atentado en Morelia, Abel Murrieta, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Cajeme, en el fronterizo estado de Sonora, recibió 10 impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, en plena vía pública, al lado de una sucursal bancaria.

A los pocos minutos la noticia se volvió nacional y al día siguiente el hecho fue registrado en la portada de todos los diarios del país.

El dirigente nacional del partido, Clemente Castañeda, fijó postura a través de un video en el que no sólo condenó los hechos, sino que responsabilizó al presidente López Obrador, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y a las autoridades del municipio de Cajeme por el ataque que le arrancó la vida a su abanderado, quien fuera fiscal del estado años atrás.

Cuando aún se hablaba en los medios del homicidio de Murrieta, otra candidata del mismo partido, pero esta vez a la alcaldía de Moroleón, en el estado Guanajuato, fue asesinada la noche del 25 de mayo. Alma Rosa Barragán se encontraba en una reunión con simpatizantes cuando fue rafagueada. Un hombre y una menor de edad resultaron heridos.

“Las autoridades federales y de seguridad tienen que tomar en serio esta crisis”

Esa misma noche, en San Fernando, Tamaulipas –el lugar que atrajo los reflectores mundiales en 2010 por la masacre de 72 migrantes centroamericanos–, el candidato del PRI al Gobierno municipal, Jesús Galván, fue atacado a balazos junto con su comitiva.

Tras salir ileso, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que no se dejará intimidar y acusó “intereses”. “No sé de quiénes sean. Sería muy irresponsable de mi parte decir de quién, pero ahí está la muestra de que a alguien no le está acomodando”, enfatizó.

“Las autoridades federales y de seguridad tienen que tomar en serio esta crisis que atenta contra la democracia, contra los ciudadanos y contra quienes buscan representarlos dignamente a través del voto, sin importar el partido al que pertenezcan”, reprochó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Los ataques en la recta final de la campaña son el pan de cada día. A la mañana siguiente del atentado en San Fernando, en el famoso balneario de Acapulco, estado de Guerrero, el candidato a alcalde por el Partido Fuerza por México, José Alberto ‘Güero’ Alonso Gutiérrez, fue víctima de un ataque a balazos cuando salía de su casa para realizar un recorrido.

A pesar de que su camioneta recibió una decena de disparos de un arma de fuego calibre 9 milímetros, el aspirante salió ileso.  

Ningún partido se salva. Las agresiones han sido a candidatos de prácticamente todos los institutos políticos.

Medios magnifican la violencia, reprocha AMLO

Luego del asesinato de la candidata de MC en Guanajuato y la serie de ataques contra aspirantes de otros partidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo, no participe, y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco”.

Pero al día siguiente, el 27 de mayo, el mandatario reprochó a los medios de comunicación que –a su juicio– magnifican la violencia en el proceso electoral con afanes amarillistas.

Al referirse a los asesinatos de candidatos y la cobertura que dan los medios de comunicación, señaló que “hay circunstancias especiales, como ahora que hay una elección, porque se complica, porque se trata de una contienda política, hay intereses, y también los medios de información, no todos, con el afán de enrarecer el ambiente, antes se le llamaba sensacionalismo, ahora es amarillismo, entonces la nota roja adquiere un papel relevante en los medios”.

“Como hay ahora una polarización política, obvio porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto, y los medios han tomado partido, todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada”, expresó en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Pero la violencia política que se vive en el país llevó también al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a fijar un posicionamiento al respecto. El árbitro de la contienda indicó que el clima de agresión busca impedir la participación de los electores. “Cada uno de los delitos (…)  irrumpen en los comicios con fines detestables, como impedir la participación de la sociedad, cerrar el paso a algún candidato o candidata, o fuerza política, y sustituir el diálogo y la contienda electoral pacífica a través de la imposición de la fuerza”, lamentó.

Las mesas de paz, estrategia del Gobierno ante el crimen 

¿Qué está haciendo el Gobierno federal ante la ola de violencia que se vive en el proceso electoral? Desde el 4 de marzo se instalaron, en las 32 entidades federativas y además en 266 regiones del país, sendas “Mesas de Paz”, compuestas por autoridades federales y estatales, cuyo objetivo es atender todos los casos de violencia que se presenten en el marco del proceso electoral.

Además, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en la Ciudad de México, se instaló un centro de control, con la presencia de un integrante de la propia SSPC, uno de la Secretaría de Gobernación, uno más de la Unidad de Inteligencia Financiera, y otro de la Guardia Nacional. 

En ese cuarto, que es como una “mesa nacional”, las 24 horas del día están recibiendo llamadas, canalizadas ahí por el 911; se monitorea constantemente medios de comunicación y redes sociales y se mantiene contacto permanente con las mesas de paz estatales y regionales.

Es la primera vez que se tiene en el país un nivel de coordinación así. El fin principal es garantizar en todo momento que pueda prevalecer el derecho de los candidatos a hacer campaña y participar en la contienda y que haya un proceso electoral en paz, dice en entrevista con France 24 Arturo Medina, titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, de la SSPC.

Una vez que se detecta una amenaza a un aspirante, ya sea por una llamada al 911 o por una alerta que emite el propio candidato o su partido, se hace un análisis de riesgo, “a través del cual se detecta si existe un riesgo físico, si fue una amenaza en redes, si fue telefónica, si realmente la condición del candidato es de vulnerabilidad”. 

“Y a partir de este análisis de riesgo se determina qué medida es la que se va a implementar, que puede ser una llamada telefónica recurrente, una visita domiciliaria por parte de elementos de seguridad municipal o estatal, ponerle escoltas, un vehículo con protección”, detalla Medina.

El funcionario asegura que cualquier candidato que sea amenazado tiene que tener garantizada su seguridad, y precisa que hay candidatos que ya contaban con algún antecedente de amenaza o incluso algunos que tienen ya medidas de protección de otros mecanismos, como los diseñados para defensores de derechos humanos o periodistas, que se dan atreves de la Gobernación, o bien contaban con mecanismos de protección estatales. En estos casos, y dependiendo del análisis, se ha reforzado su seguridad con elementos de la Guardia Nacional.

La consultora Ettelekt, en su Indicador de Violencia Política en México, destaca que, con el asesinato de la candidata de MC en Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, suman 88 los políticos asesinados en el actual proceso electoral, 34 de ellos aspirantes y candidatos a puestos de elección popular. 

Señala que 75% de los políticos asesinados eran opositores a gobiernos estatales. En cuanto a partidos, la consultora Integralia contabiliza 143 víctimas mortales, incluyendo 26 candidatos a cargos de elección popular, al corte de abril.

Los partidos Morena y PRI (varían los datos según la consultora de que se trate) son los que tienen más militantes víctimas de agresiones.

Arturo Medina es consciente de que distintas firmas tienen contabilizadas cifras más altas de ataques a políticos y candidatos que las que tiene el Gobierno. “No queremos entrar en un debate de si son más o son menos. Queremos más bien mandar un mensaje de que vamos a atender todos los casos”, acota.

Confirma en la entrevista que, al 21 de mayo, en cuanto a homicidios, “trece tenemos registrados con datos oficiales, que parten de las fiscalías de los estados, de los registros que tienen las instancias de seguridad ciudadana a partir del 4 de marzo, que es cuando empieza esta estrategia”.

El encargado de la estrategia de protección a candidatos advierte que se debe esperar a que termine el proceso electoral para confirmar si habrá sido éste el más violento de la historia. 

Y mientras dirigentes políticos como Clemente Castañeda, de MC, o Alejandro Moreno, del PRI, sostienen que las autoridades están rebasadas y no han podido contener los ataques, el presidente de la República alega amarillismo y la Secretaría de Seguridad insiste en que se atienden todos los casos y que nunca antes había existido tanta coordinación para enfrentar la violencia electoral.

Lo cierto es que, en la recta final, un día sí y el otro también ocurren agresiones a políticos y aspirantes. ¿Está el crimen organizado detrás? ¿Son las mafias al interior de los propios partidos? No es posible saberlo ahora. Sobre todo, porque no en todos los casos se abren carpetas de investigación en las fiscalías.

El desafío enorme que tienen las autoridades en este proceso electoral no es ya evitar que los comicios se ensombrezcan con la violencia, esto ya está ocurriendo. El reto ahora es que esa violencia no quede impune.

France24


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