Narcotraficante preso sostiene en juicio que sobornó al presidente de Honduras

El líder de un poderoso clan de la droga de Honduras declaró este jueves a la Fiscalía de Estados Unidos que sobornó con 250.000 dólares al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, a cambio de protección. Una nueva acusación contra el político, que niega cualquier implicación, en el marco del juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes.

NUEVA YORK, EE. UU., 11 MAR 2021 – El líder de un poderoso clan de la droga de Honduras declaró este jueves a la Fiscalía de Estados Unidos que sobornó con 250.000 dólares al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, a cambio de protección. Una nueva acusación contra el político, que niega cualquier implicación, en el marco del juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está contra las cuerdas tras una nueva acusación por supuesta colaboración con el narcotráfico hondureño, en el marco del juicio federal que se celebra en Nueva York, Estados Unidos, contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes.

Este jueves 11 de marzo, el exlíder del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó ante un fiscal estadounidense acusando al mandatario hondureño, en el poder desde 2014, de ayudar a introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos después de aceptar sobornos del narcotráfico –al menos 250.000 dólares en efectivo– para hacer de Geovanny Fuentes un “intocable” de las autoridades del país centroamericano.

En el tercer día de testimonios en el juicio contra Fuentes, la Fiscalía preguntó a Rivera si Los Cachiros sobornaron a Juan Orlando Hernández con dinero del narcotráfico, éste respondió brevemente: “Sí, señor”. Los pagos a políticos hondureños superarían los 1,2 millones de dólares.

Según Rivera, la entrega del dinero se hizo en 2012 –antes de las primarias presidenciales– a través de Hilda Hernández, hermana del presidente que falleció en un accidente de helicóptero en 2017, a cambio de “protección para que la policía militar y la policía preventiva no nos capturaran en Honduras y “que no fuéramos extraditados yo y mi hermano a Estados Unidos y que Juan Orlando Hernández siguiera dándonos contratos para seguir lavando dinero del narcotráfico”, alegó Rivera.

Además del pago para evitar su extradición a Estados Unidos, el Gobierno de Hernández también habría contribuido al lavado de dinero procedentes de la droga. El excapo testificó en un juicio abierto en el que también implicó al vicepresidente Ricardo Álvarez Aries y a los expresidentes José Manuel Zelaya y Porfirio Lobo. El entonces alcalde de Tegucigalpa, Álvarez, habría recibido 500.000 dólares en 2006, misma cantidad fue destinada a los expresidentes, según la acusación. 

Tras la polémica, el exmandatario Zelaya rechazó las declaraciones de Rivera: “Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana”, aseguró Zelaya en Twitter, añadiendo que no tiene ningún problema en declarar frente a las autoridades estadounidenses porque “no tiene nada que esconder”.

“La Fiscalía definitivamente está trabajando duro para tratar de establecer vínculos entre Hernández y Fuentes y las dos familias. Hemos visto fotos del hermano de Fuentes con el presidente Hernández, al menos dos fotos, una de ellas fue en la fiesta de cumpleaños del presidente Hernández, en 2017, lo que uno pensaría que es un evento exclusivo”, explicó el periodista de investigación Jeff Ernst, añadiendo que varios testigos han retratado al presidente como una figura clave y nunca antes un líder había estado “tan envuelto en acusaciones de narcotráfico”.

El presidente Juan Orlando Hernández niega las acusaciones

Por su parte, Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier implicación con el narcotráfico: “Como creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los Cachiros buscaron un trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo”, escribió Hernández el miércoles en su cuenta de Twitter. El presidente alega que los testigos del juicio buscan “la llave mágica” para aligerar sus sentencias inventando falacias contra su Gobierno.

Hernández también dijo el pasado miércoles frente al Congreso que las acusaciones contra él podrían comprometer los esfuerzos conjuntos de seguridad entre Washington y Tegucigalpa, en su lucha contra el narcotráfico.

No es el único testimonio que relaciona al mandatario de Honduras con el narcotráfico en lo que los fiscales estadounidenses han denominado un “narcoestado” y relacionan gran parte del ascenso político de Hernández con la financiación del narcotráfico.

Durante la apertura del juicio contra Fuentes, el fiscal estadounidense Jacob Gutwilling dijo que el presidente le habría dicho al principal acusado que “transportarían tanta cocaína a Estados Unidos que le meterían la droga por la nariz a los gringos” y alertan de que el líder centroamericano ha sido un fiel socio del narcotráfico.

Mientras que la defensa, Eylan Schulman, ha tratado de desacreditar a los testigos incitando al jurado a no creer el testimonio de Rivera: “El Gobierno de EE. UU. aceptó hacer trato con este demonio… nunca se le debe creer”. Pero los fiscales consideran a Hernández un co-conspirador de Fuentes en el contrabando de toneladas de drogas, pese a que no han acusado formalmente al mandatario hondureño.

Rivera colaboró dos años con la agencia antidroga de EE. UU. (DEA) hasta entregarse a las autoridades en 2015 y ha reconocido haber asesinado a 78 personas, además de trabajar junto con Fuentes, pese a tener marcadas diferencias que terminaron en una fuerte rivalidad. Ahora, el excapo es un testigo clave en esta y otras investigaciones a cambio de reducir su pena de cadena perpetua.

Hernández cuenta con el amparo político hasta 2022

Las acusaciones contra el presidente de Honduras, un ferviente aliado de Estados Unidos, suponen un desafío para la nueva Administración de Joe Biden, quien ha prometido destinar una gran cantidad de fondos para abordar la crisis migratoria en Centroamérica, pero estas inversiones dependen de la buena gobernanza de los líderes centroamericanos.

Por el momento, Hernández – en el cargo hasta 2022– está eludiendo a la Justicia amparado en su protección política, manteniendo el control del Parlamento, la Justicia y las Fuerzas Armadas. Y parece que las autoridades estadounidenses no planean su extradición y esperan juzgarlo una vez haya salido del poder por la vía política.

“Se le ha reducido el tiempo y el espacio de maniobra política. Lo más que puede lograr es terminar su período, porque no hay acusación formal”, explicó a AFP el sociólogo y analista Eugenio Sosa, añadiendo que Estados Unidos no quiere convulsionar más Honduras, un país sumido en varias crisis sociales, económicas y de seguridad, agravadas por la pandemia de Covid-19.

France24, Con AFP, EFE y AP


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