HRW denuncia los asesinatos de líderes sociales en Colombia

La ONG Human Rights Watch publicó un nuevo informe que presenta la grave situación en la que está Colombia y sus líderes sociales y comunitarios. Entre 2016 y 2020, más de 400 de ellos fueron asesinados, sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Colombia asegura que la cifra supera las 700 muertes.

NUEVA YORK, EE. UU., 11 FEB 2021 – La ONG Human Rights Watch publicó un nuevo informe que presenta la grave situación en la que está Colombia y sus líderes sociales y comunitarios. Entre 2016 y 2020, más de 400 de ellos fueron asesinados, sin embargo, la Defensoría del Pueblo de Colombia asegura que la cifra supera las 700 muertes.

La inexistencia del Estado de Colombia en muchas zonas del país ha permitido que grupos ilegales puedan expandir su poder y sean ellos mismos las autoridades en las poblaciones abandonadas por el Gobierno.

Después de la firma del tratado de paz en noviembre 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos, y la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados por cumplir voluntariamente las funciones del Estado.


Las denuncias de Human Rights Watch (HRW) se resumen en un informe de 136 páginas titulado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, donde hablan de la reacción “lenta y deficiente” del Gobierno colombiano en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios.

“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, dijo en el informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“El Gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, agregó.

Según la ONG, la violencia en Colombia ha dejado a líderes asesinados en 28 de los 32 departamentos del país y en cerca del 20 por ciento de los municipios. Además, la falta de presencia de las autoridades en zonas controladas anteriormente por las FARC “ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos”.

“El Gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de Justicia ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, así como a servicios públicos”, prosiguió.

Muchas políticas, pocas acciones

Varias décadas de conflicto en Colombia fueron sosegados por un tratado de paz entre el Gobierno y las FARC. Ninguno se rindió, simplemente unieron fuerzas y lograron ponerle fin a años de guerras que dejaron decenas de miles de muertos y desaparecidos.

Eso fue en 2016. Desde entonces, el Gobierno de Juan Manuel Santos y luego el de Iván Duque, actual presidente de Colombia, le han mostrado al país todo lo que han hecho en materia de defensa de los más vulnerables.

Pero, cuatro años después de aquel día en que Colombia se vistió de blanco, son los propios colombianos vulnerables quienes asumieron el rol del Estado. El trabajo voluntario de los líderes sociales, comunitarios, indígenas y los defensores de derechos humanos se debe a la ineficacia de un Gobierno al que se le salió de las manos, -o de sus responsabilidades-, el cuidado de sus ciudadanos en los lugares más remotos.

La ley en muchas zonas de Colombia donde aún hay conflictos de intereses, es la de “cuídese usted mismo”. El trabajo de investigación de HRW revela este panorama que sigue teñido de muerte, violencia e irrespeto por la vida.

Mediante más de un centenar de entrevistas a autoridades, integrantes de la fuerza judicial, activistas, organizaciones sociales y miembros de la fuerza pública, HRW constató la falta de eficacia del Gobierno colombiano para responder a las amenazas a defensores de derechos humanos.

“Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre”, denunció la ONG en el informe.

Uno de estos mecanismos es la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio del Interior, que ofrece protección individual a quien denuncia ante la Fiscalía, pero “su presupuesto es muy limitado y la Unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido”, asegura HRW.

Otro es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, pero que no ha servido para que se responda tempranamente en las zonas donde hay amenazas.

Por otro lado, HRW resalta los esfuerzos del Gobierno colombiano para llevar ante la justicia a los responsables de tantos asesinatos. “La Fiscalía General de la Nación ha aprobado directivas y ha creado una unidad especializada para investigar los asesinatos. En total, ha logrado 59 condenas por asesinatos de defensores derechos humanos cometidos desde 2016”.

Sin embargo, la ONG asegura que uno de los obstáculos para avanzar en las condenas es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos.

France24, con EFE y fuentes oficiales


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