Miami y NY tras corrupción y narcotráfico latinoamericano

MIAMI, EE. UU., 13 ENE 2020 (AP) — Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en depósitos de Brooklyn y Queens.

El desfile de prominentes latinoamericanos extraditados a Estados Unidos para enfrentar acusaciones en los tribunales ocurre desde hace décadas.

Sin embargo, en los últimos años Miami y Nueva York se han posicionado como dos de los distritos más activos para investigarlos y procesarlos, cada uno en su especialidad: los fiscales del sur de Florida se han focalizado en el lavado de dinero proveniente de la corrupción, muchas veces relacionada con venezolanos, y los de Nueva York han puesto sus ojos en el narcotráfico, a menudo vinculado con altos funcionarios mexicanos.


“Es realmente una cuestión de dónde están las mejores pruebas”, dijo a The Associated Press Jodi Avergun, una exfiscal que explicó que mientras Nueva York es un centro para la droga y los bancos donde se mueve dinero del narcotráfico, Miami cuenta con latinoamericanos corruptos con propiedades y cuentas en Florida. “Pasan mucho tiempo allí y se gastan mucho dinero allí”.

Con estos casos judiciales Estados Unidos quiere dejar en claro que no tolera el uso de su territorio para que se comentan estos delitos y está dispuesto a hacer lo que sea por resguardar la seguridad nacional y asegurar que sus leyes se respeten, donde quiera que estén los que las transgreden.

“No quieren que Estados Unidos sea un paraíso del dinero corrupto”, expresó a AP el exfiscal federal del sur de Florida Curtis Miner, refiriéndose a las razones por las que el gobierno lleva los casos a las cortes. “No quieren que el mercado de bienes raíces estadounidense o los bancos estadounidenses escondan dinero corrupto o sean utilizados para sacar provecho del dinero corrupto”.

Los acusados incluyen desde el presidente venezolano Nicolás Maduro, al tesorero del fallecido mandatario Hugo Chávez, Alejandro Andrade; o a empresarios que, como el magnate de la televisión Raúl Gorrín, se asociaron con el gobierno de Venezuela para beneficiarse con negocios corruptos.

También son cazados mexicanos como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exfiscal general del estado mexicano de Nayarit, Edgar Veytia, o el exsecretario de Seguridad Pública de ese país, Genaro García Luna.

Los centroamericanos son numerosos: desde Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo; al expresidente de Guatemala Alfonso Portillo y a Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras.

Miami es la ciudad elegida por acomodados latinoamericanos para pasar sus vacaciones o residir de manera permanente. Su cercanía geográfica con Latinoamérica y el extendido uso del español la han convertido en un polo de atracción para centroamericanos y sudamericanos, que resguardan su dinero en la banca local o hacen inversiones inmobiliarias.

Desde fines de los años 90 el sur de Florida fue la cuna preferida de cientos de miles de venezolanos que salieron de su país escapando del socialismo.

Entre los que llegaron también hubo prominentes empresarios y exfuncionarios que se hicieron millonarios realizando negocios fraudulentos con el gobierno de Venezuela y utilizaron bancos de Miami para lavar dinero con el que compraron mansiones, botes, aviones privados y automóviles.

En el sur de Florida, Andrade fue condenado a fines de 2018 a una década en prisión por haber participado en un escándalo de más de 1.000 millones de dólares en sobornos junto con otros venezolanos, entre ellos el banquero Gabriel Arturo Jiménez y Gorrín, el propietario de Globovisión.

“Asumo con plena responsabilidad los hechos por los que me he declarado culpable”, expresó Andrade ante la jueza Robin Rosenberg en el momento de su sentencia. “Como tesorero tomé decisiones muy desacertadas que hoy lamento con todo corazón”.

Gorrín permanece prófugo tras haber sido acusado de pagar más de 150 millones de dólares en sobornos a Andrade y a otros funcionarios venezolanos a cambio de operaciones a una tasa de cambio favorable y de esconder los beneficios en propiedades de lujo en Miami y Manhattan.

El magnate le pagó también a Andrade gastos relacionados con la compra de un yate de 4,35 millones de dólares, aviones y caballos.

A lo largo de su proceso, Andrade fue representado por Miner, quien tras dejar la fiscalía se dedicó a la práctica privada.

“Es como una bola de nieve”, dijo el exfiscal federal del sur de Florida Michael Nadler refiriéndose a cómo surgen los casos judiciales relacionados con latinoamericanos y se van relacionando unos con otros.

Miami creó en 2019 una unidad especial de investigación de lavado de dinero después de informes de la prensa sobre sudamericanos que compraban apartamentos a valores astronómicos, muchas veces con dinero en efectivo de dudosa procedencia, elevando así el costo de vida para los residentes locales.

En Miami se ventiló también el sonado caso del “maletín” por el que el empresario venezolano Franklin Durán fue condenado a cuatro años de prisión por haber ocultado el origen de unos 800.000 dólares que habrían sido enviados por el gobierno de Chávez a la campaña de la por entonces presidenta argentina Cristina Fernández.

Tras cumplir su condena, Durán fue deportado a Venezuela.

En Nueva York, latinoamericanos acusados de tráfico de drogas han pasado por los elegantes tribunales del distrito este y sur durante años, atrayendo la atención de medios de comunicación latinos y abriendo una ventana al turbio mundo criminal de países como México, Colombia, Honduras o Guatemala.

La ciudad es un claro destino de la cocaína que proviene de Latinoamérica y tiene oficinas de muchas agencias del gobierno que colaboran en las investigaciones. Por eso se creó una unidad especial para lidiar con el narcotráfico internacional.

“El distrito este de Nueva York fue probablemente el primer distrito (en Estados Unidos) que se enfocó en casos internacionales de tráfico de drogas”, dijo Avergun, que fue encargada de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia.

Además, los fiscales se especializan con el tiempo en un cartel específico o en una ruta de la droga en particular y lidian con testigos similares en casos relacionados que acaban en manos del mismo juez, dijo la experta.

“Esos casos tienden a quedarse en el mismo distrito”, explicó la exfiscal.

El juicio a Hernández, acusado de narcotráfico, mostró la unión entre el mundo de la droga y la política en Honduras. Uno de los testigos, Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros, testificó que ordenó la muerte de más de 70 personas y dijo que pagó sobornos al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Según los fiscales del distrito sur de Nueva York, el mandatario hondureño recibió incluso pagos, a través de su hermano, de “El Chapo” Guzmán, el más famoso narcotraficante latinoamericano cumpliendo condena en Estados Unidos. Tras ser sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 Guzmán reprobó el proceso: “Aquí no hubo justicia”.

Eduardo Balarezo, exabogado de “El Chapo”, tiene críticas sobre el sistema de justicia estadounidense.

“Estados Unidos ha invertido en la guerra contra las drogas por tanto tiempo que se ven obligados a mostrar resultados”, opinó el abogado. “El tráfico de drogas no se ha reducido para nada, de hecho se mueven mayores cantidades de droga ahora que antes de que Joaquín Guzmán fuera a juicio. Así que muchas de estas acusaciones son puro teatro”, agregó.

Balarezo no está de acuerdo con que tantos latinoamericanos acaben en Estados Unidos porque terminan cooperando con las autoridades para recibir condenas leves.

“Habrían recibido condenas más fuertes en sus propios países”, aseguró.

García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012 con el por entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales que alegan que recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa a cambio de que éste pudiera traficar cocaína a sus anchas.

En otro caso sonado, los fiscales procesaron al exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado en diciembre en Los Ángeles. México consideró que no estar informado de las pesquisas incumplía acuerdos bilaterales e inició una fuerte presión diplomática. Finalmente Estados Unidos retiró los cargos contra el militar.

Muchos de los acusados en Estados Unidos siguen libres en Latinoamérica. Maduro ha sido señalado de terrorismo, corrupción y narcotráfico aún a sabiendas de que su extradición es improbable, al menos por ahora. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su información que lleve a su captura.

Que vayan o no a ser extraditados no es algo que el gobierno estadounidense valora al momento de iniciar el proceso, explicó Nadler, el exfiscal que ahora es socio de un bufete de abogados en Miami. Lo que importa, dijo, es que “si cometieron un delito, serán acusados”.


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