BUENOS AIRES, 9 de octubre de 2026 (MI PERIÓDICO).- La derogación de la Ley de Tierras volvió al centro del debate tras [indicar el hecho concreto y la autoridad que intervino], una medida que podría modificar el marco legal que regula la propiedad de tierras rurales en la Argentina.
El máximo tribunal dictó una medida cautelar interina este viernes 9 de octubre. La resolución no define todavía si la derogación dispuesta por el Gobierno nacional es constitucional.
Qué resolvió la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras
La decisión alcanza al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La norma establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre otras restricciones, fija un máximo del 15% de la superficie rural para propietarios extranjeros en el país, las provincias y los departamentos.
También establece un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo agrícola, o su equivalente según la ubicación y la productividad del suelo.
Con la medida cautelar, la Corte suspendió temporalmente los efectos del artículo del decreto que había eliminado esas restricciones.
Por qué intervino el máximo tribunal
La causa se originó en una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, la exlegisladora María Magdalena Odarda y representantes de comunidades indígenas. Los demandantes cuestionaron la derogación de la ley y plantearon argumentos vinculados con la protección ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
El planteo solicita que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
La Corte adoptó la medida provisoria mientras el juzgado competente analiza la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar. El expediente deberá continuar en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.
La suspensión es provisoria y el caso sigue abierto
La resolución no significa que la Corte haya declarado definitivamente inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El tribunal dispuso frenar sus efectos de manera temporal mientras avanza el expediente.
Por lo tanto, la discusión judicial sobre la validez de la disposición del DNU continúa abierta. La resolución que se adopte sobre el fondo de la causa determinará los próximos pasos del proceso.