LA PAZ, BOLIVIA, 14 de agosto de 2026.- El rechazo a la esterilización forzada en Bolivia se intensificó tras la presentación de un proyecto de ley. La iniciativa, impulsada por el diputado Néstor Rodríguez, propone esterilizar de manera obligatoria a mujeres en situación de calle. La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos repudiaron la medida. Advierten que vulnera derechos fundamentales.
El diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad —una alianza opositora de centro—, presentó la iniciativa. Su argumento principal es favorecer la reinserción social de las personas en situación de calle. El proyecto aborda especialmente la situación de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El rechazo a la esterilización forzada en Bolivia crece entre organizaciones
El proyecto establece que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda convertirse en obligatoria. También prevé que se realice bajo control judicial.
El artículo 15 del proyecto señala que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”. El argumento es que los recién nacidos pueden ser “inmersos para trata y tráfico”.
El diputado justificó la medida por la situación de mujeres y niños en la calle
Rodríguez justificó su propuesta por la situación que observa entre mujeres y niños que viven en las calles. Según dijo, están expuestos al consumo de sustancias.
“La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa —un tipo de pegamento altamente inflamable—. Buscamos una alternativa para que puedan tener una nueva oportunidad”, dijo Rodríguez a EFE.
El documento se presentó hace unas semanas. Según el legislador, en los próximos días debe tratarse en primera instancia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodríguez afirmó que el proyecto busca responder a “la necesidad” de las personas en situación de calle de reinsertarse en la sociedad. Explicó que la eventual esterilización estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas.
“Primero se verá la historia clínica de cada persona. Será evaluada por un médico y un psicólogo. Será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, explicó el parlamentario.
El diputado dejó abierta la posibilidad de “modificar” el artículo sobre la esterilización obligatoria. Dijo que eso podría ocurrir “a sugerencia de varias personas” cuando la comisión legislativa analice la iniciativa.
Organizaciones expresan su rechazo a la esterilización forzada en Bolivia
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores afirmó a EFE que la propuesta del legislador “es inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”.
“Está planteando lo que en un momento la humanidad calificó como una suerte de limpieza étnica. Él está pensando en dirigir su mirada a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza. Personas que no valen como futuros ciudadanos”, aseguró Flores.
Para la activista, la propuesta es “profundamente racista, clasista, machista y misógina”. Considera que amerita “una sanción del sistema legislativo”.
Flores consideró que, en lugar de recurrir a medidas de este tipo, el Estado debe “extremar fuerzas y recursos”. El objetivo debe ser evitar que las personas terminen viviendo en las calles en condiciones de extrema pobreza.
La Defensoría del Pueblo se suma al rechazo a la esterilización forzada en Bolivia
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto. Expresaron “su más profundo rechazo y preocupación” por la iniciativa del diputado.
“La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos. Vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señala el comunicado.
Las organizaciones recordaron que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer”. Esto quedó plasmado en los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú. Las mujeres no pueden ser objeto de coerción en este ámbito.
En ese sentido, la Defensoría y las demás organizaciones exhortaron al Legislativo y al resto de autoridades del Estado a actuar dentro de la Constitución boliviana, vigente desde 2009. También pidieron descartar “cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria”.
Con información de EFE