Por Barbara Gabel
ECUADOR, 21 ENERO 2024.- La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, se ha convertido en una figura destacada en la lucha contra la “narcopolítica” en el país. Dirigió investigaciones que llevaron a la detención de numerosas personas, entre ellas jueces y fiscales, sospechosas de estar implicadas en el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas. Sus detractores la acusan de perseguir políticamente al expresidente Rafael Correa.
Diana Salazar no tiene miedo de enfrentarse a los poderosos. Apodada la ‘Loretta Lynch ecuatoriana’ (famosa fiscal general de Estados Unidos bajo Barack Obama), la fiscal general lideró en diciembre de 2023 la Operación ‘Metástasis’, una vasta investigación sobre corrupción y colusión entre el narcotráfico y las instituciones públicas, que derivó en la detención de una treintena de personas.
“La respuesta a esta operación será sin duda una escalada de violencia”, advirtió, revelando esta investigación calificada como la piedra angular de la “narcopolítica” en el país. Lamentablemente, sus predicciones se hicieron realidad.
Desde la operación, Ecuador se ha enfrentado a una ola de violencia sin precedentes, desencadenada por bandas de narcotraficantes. El país registró en 2023, 8.008 muertes violentas.
El más reciente episodio hasta la fecha es el asesinato, el miércoles 17 de enero, del fiscal que investigaba una toma de rehenes en el canal público TC Televisión, ocurrido a principios de enero.
Popular y apreciada por los ecuatorianos, a sus 42 años, Diana Salazar es una figura reconocida en el panorama anticorrupción desde hace varios años. Primera mujer negra del país en dirigir el Departamento de Justicia, fue aclamada en 2021 por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una “campeona en la lucha contra la corrupción”.
Doctora en jurisprudencia y varios diplomas en el ámbito de los derechos humanos y la protección de los afrodescendientes, es fiscal general del país desde 2019.
Aunque recibe regularmente amenazas de muerte, sigue llevando a cabo sus investigaciones. Durante sus raras apariciones públicas, usa un chaleco antibalas y está protegida por un gran dispositivo de seguridad.
Durante una audiencia reciente, la fiscal dijo a los delincuentes: “Ahora sí, vengan a asesinarme”, declarando que no se dejaría intimidar por sus amenazas. Seguida por más de 240.000 personas en X, no duda en comunicar sobre este tema.
“La valentía de Diana Salazar, que sabe perfectamente que está arriesgando su vida para luchar contra la corrupción, la hace popular y apreciada entre los ecuatorianos”, señala Emmanuelle Sinardet, profesora de civilización latinoamericana en la Universidad Paris Nanterre.
“A menudo ha sido criticada por su ambición y sus supuestas conexiones con intereses poderosos. Sin embargo, ante las amenazas a ella y a su familia, la opinión pública la ve como una figura íntegra y dedicada al bien común. Se le considera el brazo judicial de la lucha para restaurar la autoridad estatal y el orden en las calles”.
Casos ‘FIFA Gate’ y ‘Odebrecht’
Nacida el 5 de junio de 1981 en Ibarra, un pueblo del norte de los Andes, Diana Salazar creció en una familia modesta y su madre criaba sola a cuatro hijos.
Cuando tenía 16 años se mudó a Quito para cursar el equivalente al Bachillerato. Su carrera comenzó en 2001, a la edad de 20 años. Siendo aún estudiante de Derecho en la Universidad Central de Quito, comenzó a trabajar en el Ministerio Público de la provincia de Pichincha, como administrativa.
En 2006 fue ascendida a secretaria del fiscal y en 2011 pasó a ser fiscal del sur de la provincia. Su carrera dio un salto cuando fue nombrada jefa de la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
En 2015, dirigió en particular la investigación sobre el llamado caso ‘FIFA Gate’, que desembocó en la condena del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, a diez años de prisión por blanqueo de dinero.
Diana Salazar también participó en el capítulo ecuatoriano del asunto ‘Odebrecht’, un escándalo de corrupción que rodeó al gigante brasileño de la construcción.
Su investigación permitió entonces reunir algunas de las pruebas que llevaron, en diciembre de 2017, a la condena de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, a seis años de prisión.
Acusado de haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, Jorge Glas negó todas las acusaciones y dijo que Diana Salazar lo perseguía políticamente.
“El caso Odebrecht fue una verdadera prueba para Diana Salazar”, analiza Sunniva Labarthe, doctora en sociología política de la EHESS (Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales).
“Muchos pensaban que, a consecuencia de este asunto, sería destituida rápidamente de su cargo, pero ha conseguido aguantar hasta hoy. Por supuesto, esto se debe probablemente a acuerdos políticos, pero demuestra que es una figura creíble y estable”.
Cuestionamientos por dar prioridad al caso de Rafael Correa
En 2019, Diana Salazar fue elegida por unanimidad fiscal general de Ecuador. Sus resultados en el concurso le valieron críticas y el apodo de ‘fiscal 10/20’, pues obtuvo sólo 10 puntos sobre 20 en el examen escrito (49/50 en el expediente y 28,17/30 en el oral, lo que le permitió obtener una puntuación global de 88,17/100).
“En Ecuador, el cargo de fiscal general, se ha vuelto sumamente importante y examinado desde la abolición del Ministerio de Justicia en 2018”, subraya Sunniva Labarthe.
“Es una consecuencia directa de la crisis que siguió al traspaso de poder entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Este último se vio obligado a separarse de los partidarios de su antecesor que ocupaban cargos importantes en el Estado, incluida la Justicia”.
En este contexto de crisis institucional y política, Diana Salazar ataca la corrupción, en particular procesando al expresidente Rafael Correa en 2020. Recomienda una pena de ocho años de prisión, la pena máxima, tras su condena. Los detractores de la fiscal general la acusan de atacar al expresidente en detrimento de otras investigaciones más importantes.
El caso ‘Metástasis’
La hazaña del caso ‘Metástasis’ en diciembre de 2023, “el más grande de la historia contra la corrupción y el narcotráfico” en Ecuador, según la fiscal, destapó una “estructura criminal” que involucraba a fiscales, funcionarios penitenciarios y policías “cuyo objetivo era “obtener impunidad y libertad para los procesados o condenados”, así como introducir en prisión objetos prohibidos.
En total, 31 personas fueron detenidas durante 75 redadas simultáneas. Esta investigación, abierta tras el asesinato, en 2022, en prisión, de Leandro Norero, figura importante del narcotráfico, revela el alcance de la corrupción y la infiltración del narcotráfico en las más altas esferas del poder.
“Diana Salazar tiene el mérito de haber llevado a cabo su operación en el mayor secreto para evitar que los narcotraficantes fueran informados de las detenciones”, subraya Emmanuelle Sinardet.
“Lograr mantener una investigación confidencial es una hazaña en un país donde la corrupción y la influencia del narcotráfico están profundamente arraigadas en las instituciones públicas”.
Diana Salazar dice que revisó miles de mensajes y registros telefónicos, lo que le permitió reconstruir la red de protección con que contaba Leandro Norero.
Desde estas revelaciones, la fiscal ha sido blanco de amenazas de muerte por parte de ‘Los Lobos’, una de las principales organizaciones criminales del país. Uno de sus principales líderes, Fabricio Colón Pico, se fugó de prisión la semana pasada, un día después de la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el jefe de otra de las bandas más poderosas del país, ‘Los Choneros’, rivales de ‘Los Lobos’.
“No debemos olvidar que todas las demás personas implicadas en la lucha contra la corrupción, incluidos abogados, jueces, investigadores y periodistas, también están amenazadas”, añade Sunniva Labarthe. “Sólo nos queda desear que Diana Salazar siga viva”.
France24