Primer militar de alto rango involucrado en esas desapariciones
Ciudad de México, México, 16 sept. 2022.- El general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, sur de México, durante la desaparición de los 43 estudiantes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, fue arrestado por elementos de la policía militar, anunció este jueves el viceministro de Seguridad Ricardo Mejía.
Se trata del primer militar de alto rango en ser detenido en relación a este caso que conmocionó al país y marcó la segunda mitad del mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Mejía dijo que se detuvo también a otros dos elementos castrenses contra los que pesaban órdenes de captura relacionadas con este asunto, que todavía permanece como una herida abierta en la sociedad mexicana y de alguna forma sigue siendo un indicador de la situación de los derechos humanos en el país.
Rodríguez Pérez es acusado de ordenar la muerte de seis de los 43 estudiantes de la Escuela Normal para Maestros de de Ayotzinapa, estado sureño de Guerrero, y no sólo de encubrir el caso ocurrido en la ciudad de Iguala, en la misma provincia.
Alejandro Encinas, el viceministro de Derechos Humanos, dijo hace unos días que el general “presuntamente ordenó el asesinato y desaparición de los normalistas, que se cree habrían mantenido con vida cuatro días después de los sucesos”.
El general brigadier fue detenido ayer por la tarde en la Ciudad de México por la Policía Federal Ministerial (PFM) y presentado ante un tribunal castrense en el Campo Militar 1-A, donde fue encarcelado luego de practicarle exámenes médicos.
Los otros dos militares detenidos, que no fueron identificados, pero que serían subordinados de Rodríguez Pérez, fueron trasladados a la misma prisión del Campo Militar, como probables responsables de delitos por la desaparición de los 43 estudiantes.
El arresto de los militares tuvo a menos de un mes de la detención del ex procurador general Jesús Murillo, 74 años, encargado de investigar la desaparición y probable asesinato de los estudiantes, luego que la Comisión para la Verdad sobre este trágico episodio rindiera un informe con conclusiones del caso.
El informe concluyó que se trató de “un crimen de Estado” enmarcado en una disputa entre los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos y que no hay indicios de que los jóvenes se encuentren con vida.
Murillo Karam, de 74 años, quien ha sido diputado federal, senador de la República y gobernador del estado de Hidalgo, cerca de la capital, es autor de la llamada “Verdad Histórica”, según la cual los jóvenes fueron interceptados por policías municipales en Iguala después de apoderarse de varios buses.
Luego fueron entregados a la banda Guerreros Unidos bajo la creencia de que estaban infiltrados por sus enemigos de Los Rojos y sus cuerpos incinerados en la vecina ciudad de Cocula, en un basural junto al río San Juan.
Entre los fallecidos figura este militar, identificado como el teniente de infantería Julio César López, de 25 años, que estaba infiltrado en las filas de los estudiantes.
Hasta ahora sólo se había confirmado la muerte de tres de los 43 desaparecidos: Alexander Mora, Christian Rodríguez y Joshivani Guerrero, identificados por la localización de algunos restos óseos que aparecieron en el río San Juan y en la Barranca de la Carnicería, localizados en Cocula.
Los jóvenes se apropiaron de los buses para trasladar a manifestantes de su colegio a la capital a fin de participar en la protesta anual del 2 de octubre, que evoca la matanza de estudiantes de 1968, en el céntrico barrio capitalino de Tlatelolco, pero se presume que en uno de los buses se encontraba un cargamento de droga o dinero.
En total, se investiga a 33 ex responsables de todos los niveles del gobierno anterior por la desaparición de los 43 jóvenes, entre los que figuran ex funcionarios municipales y federales, además de un número indeterminado de miembros de bandas criminales.
Murillo es acusado de encubrimiento y manipulación del caso para construir una “verdad a modo” a fin de cerrar lo más rápido posible el caso.
En coincidencia con el arresto de los militares, un juez ordenó la absolución del alcalde de Iguala José Luis Abarca, acusado de ser uno de los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes, pero aún permanece en una prisión de alta seguridad por otros delitos, y la Fiscalía General anunció que apelará el fallo. (ANSA).