
BUENOS AIRES, 18 de febrero de 2026.- Tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica fabricante de neumáticos, el Ministerio de Capital Humano dispuso la conciliación obligatoria por Fate por un período de 15 días hábiles. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, comunicó la decisión este mediodía durante una audiencia virtual en la que participaron directivos de la firma y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Por lo tanto, la medida obliga a la empresa de la familia Madanes Quintanilla a retrotraer los 920 despidos de forma inmediata.
La resolución oficial establece que las partes deben “abstenerse” de adoptar medidas que alteren el desarrollo de las relaciones laborales mientras dure la mediación. En consecuencia, la situación en la planta de Virreyes, partido de San Fernando, debe volver al estado previo al conflicto iniciado en la madrugada de este miércoles. No obstante, fuentes oficiales del Ejecutivo reconocieron que las posibilidades de revertir la clausura total son limitadas, dado que la patronal ratificó su intención de liquidar el negocio.
El trasfondo político tras la conciliación obligatoria por Fate
La administración libertaria recalibró su discurso con el correr de las horas y dirigió fuertes críticas hacia los dueños de la compañía por el momento elegido para el anuncio. En la Casa Rosada sospechan que la decisión de comunicar el cierre un día antes del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso no fue casual. Además, el presidente Javier Milei sugirió a través de sus redes sociales una posible intencionalidad política, vinculando el accionar de Madanes con la estrategia de los gremios opositores.
Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Economía recordaron que la empresa ya había solicitado un proceso preventivo de crisis en 2019, cuestionando que la quiebra actual se deba exclusivamente a la apertura de importaciones. Según explicaron desde el entorno oficial, la falta de competitividad de la firma es un problema de larga data. Sin embargo, el Gobierno nacional garantizó que supervisará el cumplimiento estricto del pago de las indemnizaciones legales para proteger el derecho de los operarios afectados.
La alarma industrial por la pérdida de empleo
La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su “gran preocupación” y vinculó este episodio con un deterioro generalizado de la actividad manufacturera en el país. De acuerdo con los datos de la entidad, a noviembre de 2025 la industria argentina perdió casi 65.000 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 5,4% en el empleo sectorial. En consecuencia, reclamaron condiciones de competencia equitativas frente al ingreso de productos asiáticos que cuentan con subsidios encubiertos en sus países de origen.
Asimismo, la organización Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que el cierre de una planta de esta magnitud paraliza inversiones y destruye capacidades productivas que tomó décadas construir. En conclusión, el conflicto en la mayor fabricante de neumáticos del país pone a prueba la capacidad de mediación del Estado en un contexto de alta tensión política y social. El futuro de las instalaciones en San Fernando y la estabilidad de casi mil familias se definirán en las audiencias previstas para las próximas dos semanas.
(ct/infobae/lanacion)
