Barrio Churruca, Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina, 5 sept. 2022 (Mi Periódico).- Personal de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas San Martín, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, intervino esta mañana por orden judicial en el microbasural del cruce de las calles Tucumán e Iguazú, frente la puerta de ingreso a la Escuela Primaria 36 y a otros 60 metros de la Escuela Secundaria 35.
La policía llegó al lugar para realizar un informe e identificar el tipo de residuo como parte de una investigación contravencional en el marco de la vigencia del artículo 94 bis del decreto-ley 8031/73, vuelco ilegal de desperdicios, que lleva adelante el Juzgado de Paz Letrado de Tres de Febrero.
El día 26 de agosto la jueza que interviene en el caso solicitó informes a la Municipalidad de Tres de Febrero por la colocación de una batea roll off desbordada de residuos, una caja metálica de grandes dimensiones, y le ordenó que en forma “Urgente” limpiara el lugar y evitara la nueva formación del microbasural.
Recién el 31 de agosto, 5 días después, la municipalidad cumplió parcialmente la orden judicial. Retiro la batea, pro no limpió el lugar.
Luego, el 1 de septiembre, volvieron a colocar la batea y enseguida la zona se convirtió nuevamente en un microbasural.
También intervino el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que intimó a la municipalidad local a clausurar el punto de arrojo crónico -microbasural- y a evitar su nueva formación.
Sin embargo, a pesar de la orden judicial y de la intimación del Ministerio de Ambiente, la máxima autoridad provincial en ese tema, hoy por la mañana la zona estaba inundada de desperdicios que cubrían la calle Iguazú en su intersección con Tucumán.
Por la calle Iguazú no se podía transitar con vehículos, y la basura también obstaculizaba la bajada para discapacitados y el cruce peatonal.
Pero la ley es clara: arrojar residuos en la vía pública está prohibido. Y es la misma ley que obliga a las autoridades municipales a garantizar el cierre de este tipo de arrojo ilegal de desperdicios que generan microbasurales, imponiéndoles además del deber de impedir su nueva formación.
Los vecinos afectados reclaman espacios púbicos sin residuos. Promover la participación ciudadana para cambiar hábitos y minimizar riesgos ambientales y sanitarios, así como mejorar el paisaje.