La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó una transcripción que revela la complicidad entre las autoridades de Iguala y el cártel Guerreros Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 2 OCT. 2021 (RT) — Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) difundió la tarde de este viernes la transcripción de dos conversaciones entre policías y criminales que habrían participado en la desaparición de 43 estudiantes normalistas, perpetrada durante la llamada ‘noche de Iguala’, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero.
En la primera página del documento, que fue entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y publicado por la Comisión que reabrió el caso Ayotzinapa, se lee un intercambio de mensajes de texto entre el comandante de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, Gilberto, alias ‘Gil’, quien es señalado como responsable de ordenar el secuestro y desaparición de los estudiantes.
En aquella comunicación, con fecha del 26 de septiembre de 2014, el policía informa sobre la detención de unos “ayotzinapos” y, en respuesta, ‘Gil’ le pide que le entregue a los estudiantes en el camino que va a Pueblo Viejo, y añade que ya tiene una “cama para aterrizarlos”.
Después, el comandante comunica que tiene a “17 en una cueva” y que entregará a otros 21 que viajan en un autobús “para que los revienten ustedes”. “Sí, entrégame todos los detenidos”, responde ‘Gil’.
Fosa clandestina
El segundo oficio hace referencia a una supuesta conversación, del 4 de octubre de 2014, entre un individuo llamado Alejandro ‘Cholo’ Palacios y un sujeto identificado como Ramón, quien sería un “posible” policía municipal de Tepecoacuilco.
En el intercambio de mensajes, ‘Cholo’ afirma que encontraron “una fosa clandestina” que habría sido utilizada por ‘Gil’ en Pueblo Viejo. El policía deja saber que al ‘Gil’ le pedían que entregase “a unos 10, como estuvieran, para calmar un poco”.
Posteriormente, el oficial deja entrever que ‘Gil’ está bajo su resguardo y que se lo entregaría.
La difusión de esas conversaciones fue objeto de polémica.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostuvo que la publicación de tales informaciones podría comprometer el “éxito” de la investigación, actualmente en curso.
Además, la organización hizo hincapié en que el oficio publicado es muestra de que “el Ejército ocultó información desde 2014” y que “siguió administrándola” después que un decreto presidencial, de diciembre de 2018, lo “obligó a entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”.
“Dada la opacidad castrense, no puede descartarse que exista más información en su poder”, señaló el Centro.
Nueva investigación
Con la puesta en marcha de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, el gobierno de López Obrador reabrió la investigación del caso, tras desestimar por múltiples irregularidades la versión construida por la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto. En ese entonce se afirmó que policías municipales habían entregado a los normalistas a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el río San Juan, cosa que más tarde fue comprobada como falsa por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A más de siete años de la ‘noche de Iguala’, solo han sido hallados y posteriormente identificados los cuerpos de tres estudiantes. Se trata de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
En el actual mandato de López Obrador, son ya 49 las personas detenidas por el caso, incluyendo funcionarios federales y locales que se coludieron para desaparecer a los jóvenes estudiantes.
Recientemente, el gobierno mexicano solicitó a Israel la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien fue uno de los operadores de la llamada “verdad histórica” de Peña Nieto.