El presidente ya está imputado y ofreció donar parte de su salario para resarcir el “daño potencial” causado.
ARGENTINA, 30 AGTO. 2021 (RT) — Los principales escándalos surgidos en Argentina a raíz del manejo oficial de la pandemia le han generado al Gobierno del presidente Alberto Fernández problemas judiciales que se agravaron este lunes, luego de que la Cámara Federal decidiera reabrir una parte de la causa que investiga la vacunación privilegiada que tuvieron decenas de personas cercanas a funcionarios.
En julio pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó archivar por inexistencia del delito la mayor parte del expediente en torno al llamado ‘vacunatorio VIP’ a través del cual hubo inmunizaciones irregulares en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, ubicado en Buenos Aires.
La jueza consideró que el Código Penal no contemplaba sanciones por el otorgamiento de “tratos especiales”, lo que prácticamente cerraba la causa, ya que dejaban de ser imputados 65 empresarios y periodistas que fueron favorecidos con las vacunas, y solo se mantenía en pie la investigación en contra del exministro de Salud, Ginés González García, y otros tres exfuncionarios.
Sin embargo, este lunes los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens contradijeron a Capuchetti y revocaron su decisión, por lo que volverán a ser investigadas todas las personas que se inmunizaron gracias a su cercanía con los exfuncionarios, que perdieron sus cargos debido a este escándalo. En total, son 70 los imputados.
“Será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular. Sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, señalaron los jueces en su fallo.
La pregunta central, agregaron, es por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea.
De esta forma se reaviva una de las denuncias más graves que ha tenido que enfrentar el Gobierno, y cuando faltan solo dos semanas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previas a las legislativas de noviembre próximo.
¿Qué pasó?
El 18 de febrero, cuando las vacunas todavía eran escasas y estaba en marcha la incipiente campaña de inmunización en Argentina a partir de criterios de edad o si se era personal esencial de salud, el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio que se había vacunado en el Ministerio de Salud gracias a que había llamado a su “amigo”, el entonces ministro Ginés González García.
La inmunización era irregular, porque el Ministerio no formaba parte de la red de vacunatorios oficiales, así que de inmediato estalló una crisis que descubrió que también habían sido vacunados otros personajes de manera secreta y privilegiada, como el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa y exsenadora Hilda Duhalde, y sus hijos.
Para paliar el escándalo, el presidente le pidió la renuncia a González García, quien de ser uno de los sanitaristas más respetados de la historia argentina pasó a convertirse en un exfuncionario blanco de ataques por haber aprovechado su cargo para favorecer a amigos durante la pandemia. De hecho, este fin de semana fue increpado de manera violenta en un restaurante en Buenos Aires.
La causa judicial en su contra estaba a punto de caer por completo, ya que la jueza Capuchetti consideraba que, más allá de los evidentes conflictos éticos, la indignación social no alcanzaba para fincar responsabilidades penales.
Ahora, los tres jueces de la Cámara Federal que reabrieron la causa advirtieron que esa resolución era prematura y que, antes de decidir si existen delitos sancionables, se llevará a cabo una profunda investigación.
El fallo de este lunes complica al presidente, ya que había retomado los argumentos de la jueza para defenderse en la otra causa que ha conmocionado a la sociedad argentina y que él mismo protagoniza.
La fiesta
El mes pasado, un tuitero liberó en las redes sociales las listas oficiales de las personas que ingresaron a la residencia presidencial de Olivos durante 2020, el primer año de la pandemia, justo cuando en Argentina regía la cuarentena estricta que, por decreto del presidente Alberto Fernández, impedía a millones de ciudadanos salir de sus casas.
Desde entonces se levantaron sospechas sobre el cumplimiento de la ley por parte del presidente y de su pareja, Fabiola Yáñez, en particular porque demostraba que el 14 de julio, día del cumpleaños de la primera dama, varios de sus amigos habían entrado de noche y salido de madrugada.
En esos días regía la cuarentena estricta dictada por el propio Fernández que, entre muchas otras actividades, prohibía las reuniones sociales de todo tipo. Aunque el presidente negó los rumores de que había habido una fiesta, dos periodistas opositores consiguieron y publicaron las fotos que demostraron que Fernández mentía.
Ante la evidencia, y sumido en la peor crisis de credibilidad que ha enfrentado en 20 meses de Gobierno, el presidente no tuvo más remedio que reconocer que Yáñez había realizado “un brindis” que “no debió haberse hecho”. También asumió la responsabilidad y advirtió que, a pesar de este “error”, sus adversarios no lo iban a doblegar.
Pero, más allá de sus pedidos de disculpa, el caso ya llegó a tribunales. El viernes pasado, el fiscal Ramiro González imputó al presidente, a su esposa y a sus nueve invitados, lo que acelera la investigación para determinar si cometieron un delito sancionable.
Como estrategia de prevención, horas antes de ser imputado Fernández ofreció una reparación económica para ser sobreseído, es decir, para cerrar la causa iniciada en su contra por haber violado las normas que él mismo impuso al resto de la población. Su oferta implica donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses a un hospital a modo de reparación integral del daño.
El problema es que en su propio decreto Fernández estableció una pena de seis meses a dos años de prisión a quienes violaran la cuarentena. Y entre ellos, se encuentran él y su esposa.