Que un reclamo sea legítimo no justifica utilizar cualquier medio para llevarlo a cabo. El ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos.
PABLO PODESTÁ, TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA, 17 JUL. 2021 (Mi Periódico) — Varios comercios atacados y el dueño de una libreria golpeado fue el resultado de una protesta que incluyó el corte de la av. Pres. Juan Domingo Peró y Evaristo Carriego y terminó, lemantablemente, con varios negocios dañados y un comerciente golpeado.
En la protesta, que se inició las primeras horas de la madrugada del sábado, vecinos y amigos del joven motociclista de 17 años de edad que falleció horas antes a consecuencia de una colisión contra un automóvil en el cruce de las calles Tte. Espora y París, la mañana del viernes, algunos de ellos inexplicablemnte comenzaron a golpear la persianas de los comercios, y hasta atacaron a golpes de puño al dueño de una librería que cuando se enteró lo que sucedía fue hasta el lugar para impedir que le rompiera la persiana metálica del local.
Los comerciantes entrevistados por miperiodico coincidieron en ser tolerantes y repetuosos con el derecho de protesta y reconocen que existe una fuerte interconexión entre la libertad de expresión, el derecho de reunión y el llamado derecho a la protesta, e incluso se lamentaron por la muerte del joven motociclista al que conocían y recordaron como una buena persona. “Pero el ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos”, agregaron.
La situación es muy confusa. Nadie entiende cómo se paso de un reclamo de justicia pacífico por la muerte del joven, en el que se pedía que se investigue la participación de un móvil de Seguridad de Tres de Febrero (TFCOM) en el grave suceso que terminó de la peor manera, al ataque a comercios, a los golpes de puño a un comerciante que intentó impedir que destozaran su local, y a algunos botellazos que volaron e impactaron en los vehículos de algunos conductores que desprevenidos se acercaron a la zona ante la ausencia total de personal policial que ni siquiera estuvieron presentes para desviar el tránsito.
También se registró la rotura del aire acondicionado de una peluquería, además de daños a la puerta de la persiana metálica y al medidor de luz.
Para colmo, lo peor llegó cuando los vecinos y víctimas del caos y la violencia que se vivió por varias horas en el barrio, llamaron infinidad de veces al sistema 911 en busca de ayuda para denunciar lo que estaba sucediendo.
Pero sus reclamos no fueron atendidos. La ayuda nunca llegó. Los móviles policiales no aparecieron. Y los vecinos quedaron indefensos por varias horas; presos del miedo y a merced de algunos inadaptados que estaban dispuestos a seguir con los desmanes.
Sin duda, las manifestaciones públicas constituyen un acto paradigmático del ejercicio de los derechos constitucionales indispensable para la vida en democracia. A su vez, constituyen un campo en el que se ponen en juego derechos y obligaciones de forma particularmente compleja y delicada principalmente porque estas manifestaciones públicas pueden incluir situaciones de reclamo y protesta en las que se plantean conflictos de derechos.
Pero el derecho a la protesta no es absoluto; tiene como límite cuando la misma se afectan intereses generales, y es con ese fin que las autoridades tienen el deber de llevar a cabo medidas tendientes a garantizar que frente a situaciones conflictivas, la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad sea progresiva, comenzando necesariamente por el diálogo con los organizadores de la manifestación, para garantizar una resolución de los conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación.
Pero nada de eso sucedió. Las autoridades no estuvieron presentes. El Estado se ausentó, y el reclamo pacífico teminó en violencia.
Que un reclamo sea legítimo no justifica utilizar cualquier medio para llevarlo a cabo. El ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos.