COLOMBIA: Alerta por aumento de crímenes y masacres

Informe 2020: 133 homicidios a defensores de DDHH y 76 matanzas

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recomendó al gobierno de Colombia implementar el acuerdo de paz para reducir la violencia, tras revelar un incremento de los asesinatos de líderes sociales y un aumento de las masacres durante el 2020, año de la peste y las cuarentenas por el Covid.

BOGOTA, COLOMBIA, 23 FEB 2021 – La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recomendó al gobierno de Colombia implementar el acuerdo de paz para reducir la violencia, tras revelar un incremento de los asesinatos de líderes sociales y un aumento de las masacres durante el 2020, año de la peste y las cuarentenas por el Covid.

“Lo más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del gobierno, de reforzar los mecanismos creados por el acuerdo de paz para dar respuesta a esta situación”, sugirió Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos al presentar el informe en conferencia de prensa virtual.

La “situación” a la que se refirió la representante se traduce en cifras que dan cuenta del crecimiento exponencial de la violencia contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales, además de las matanzas colectivas.

Según esa oficina, en 2020 se registraron 133 homicidios de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, además de 76 masacres en las que fueron asesinadas 292 personas, según los datos recopilados en el informe anual sobre Colombia que la alta Consejera, Michelle Bachelet, presentará el próximo jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El aumento en las cifras es evidente. En 2019 esa oficina documentó 108 asesinatos de defensores y 36 masacres; en 2018 fueron 115 los defensores asesinados y 29 las masacres; mientras que en 2017, el año que antecedió a inicio del gobierno de Iván Duque, fueron 84 los defensores asesinados y 11 las masacres perpetradas, de acuerdo a los registros de la ONU.

Bogotá se anticipó en la víspera al balance de hoy de Naciones Unidas y divulgó sus propias cifras según las cuales 66 líderes sociales fueron asesinados en 2020, en su mayoría en zonas afectadas por la “convergencia” de “fenómenos criminales como el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la presencia de actores armados ilegales”.

Tanto las cifras del gobierno como las de la ONU son conservadoras en comparación con las estadísticas que llevan organizaciones civiles como el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) que el año anterior registró con nombres, fechas y lugares un total de 310 crímenes de defensores y líderes sociales, y documentó 91 masacres en las que murieron 381 personas.

El gobierno anunció hace poco que este año dejará en manos de la Fiscalía las estadísticas sobre asesinatos de líderes sociales, lo que ha despertado el resquemor de sectores políticos, víctimas y organizaciones civiles que temen a la posibilidad de una manipulación de esas cifras, un asunto que la administración de Duque ha descartado vaya a ocurrir.

Pero los datos no son alentadoras en otros campos. De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el año anterior se registraron 94 desplazamientos masivos que afectaron a 25.366 personas, mientras otros 74.312 ciudadanos fueron obligados a confinarse bajo amenazas de actores armados ilegales.

Todo este panorama de muertes y exilio interno ocurrió en el año en el que el gobierno, por razones sanitarias, ordenó largos periodos de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

En su informe, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se manifestó preocupada por la “falta de avances en la adopción de una política pública y criminal” para desmantelar las organizaciones criminales que todos coinciden son los perpetradores de estos asesinatos: el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos conformados por paramilitares y narcotraficantes.

Otra preocupación manifiesta fueron los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Tribunal creado por el acuerdo con las FARC para juzgar los crímenes de la guerra local, a quien el expresidente Alvaro Uribe y el partido de gobierno insisten en derogar.

“La Alta Comisionada ha estado muy preocupada por los ataques que a veces han habido contra personas o instituciones que pertenecen al sistema integral de justicia transicional y respalda totalmente la labor del sistema integral, por eso es muy importante que el gobierno acompañe y refuerza el mandato de estas instituciones del Estado”, puntualizó de Rivero.

Para la representante, el sistema integral de justicia transicional, cuya cabeza es la JEP, “nos va a permitir conocer la verdad” de la violencia de los últimos 50 años en Colombia. (ANSA).