Por qué Cristina Kirchner busca evitar que la causa de espionaje ilegal que involucra a Macri cambie de tribunal

El abogado de la exmandataria, querellante en el expediente, apeló el cambio de jurisdicción de la investigación, que podía pasar a manos de un fiscal muy cercano al expresidente.

En junio de 2020, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en querellante en la causa judicial que investiga una red de espionaje ilegal, presuntamente montada por el Gobierno de Mauricio Macri. Desde las redes sociales, y camino a una audiencia judicial, se refirió al caso como “la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia”.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOES AIRES, 19 FEB 2021 – En junio de 2020, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en querellante en la causa judicial que investiga una red de espionaje ilegal, presuntamente montada por el Gobierno de Mauricio Macri. Desde las redes sociales, y camino a una audiencia judicial, se refirió al caso como “la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia”.

De acuerdo a la investigación, la gestión de Juntos por el Cambio habría realizado seguimiento y escuchas ilegales contra rivales políticos, periodistas, dirigentes sociales, líderes religiosos, jueces y hasta miembros de su propia administración, a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).


También se descubrieron operaciones de este tipo contra exfuncionarios del kirchnerismo que fueron encarcelados por presuntos hechos de corrupción, aunque en su mayoría sin condena, algo que el peronismo ‘K’ suele vincular al llamado ‘lawfare’ (guerra judicial) que se da contra políticos opositores, tanto en Argentina como en otras partes de Latinoamérica.

Mientras la causa avanza y suma procesamientos de exfuncionarios macristas de peso —entre ellos el exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, y el extitular de la AFI, Gustavo Arribas—, la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal del país, dispuso la semana pasada que el caso de espionaje cambiara de tribunal federal, pasando del de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, al edificio de la calle Comodoro Py 2002, en la ciudad capital. Esto, bajo el argumento de que “el núcleo del espionaje ilegal investigado” está situado en la ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que gobierna el alcalde de Cambiemos Horacio Rodríguez Larreta, y no tanto en el distrito provincial, que controla el peronista Axel Kicillof.

Según plantean desde el kirchnerismo, esta decisión pondría en jaque todo el avance realizado hasta ahora por el juez Juan Pablo Augé. Y es que, según el Gobierno argentino, que impulsa una ambiciosa reforma del sistema judicial, existe en los pasillos de Comodoro Py un entramado político-judicial que uniría a algunos magistrados y fiscales con la anterior administración, con el objetivo de torcer el destino de las causas según las conveniencias del macrismo. Debido a ello, los peronistas ‘K’ rebautizaron el edificio como ‘Comodoro Pro’, en alusión al partido amarillo fundado por Macri en 2005.

En las entrañas del kirchnerismo duro, la medida judicial fue interpretada como una (otra) derrota política consumada del Gobierno frente a la oposición. Muchos dejaron su bronca e impotencia plasmada en las redes sociales, por considerar que habrá impunidad en el abultado expediente que compromete a Macri.

Traslado suspendido

No está todo dicho, sin embargo. Este miércoles, Carlos Beraldi, el abogado de la exmandataria espiada, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que el caso se siga tramitando en Lomas de Zamora, es decir, continuará a cargo del juez Augé, y no de la magistrada del fuero porteño, María Eugenia Capuchetti. Hasta que la Corte resuelva, el traslado quedó suspendido.

Entre los argumentos que esgrimió el abogado defensor de la vicepresidenta, destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el magistrado que los inició, y la demora que conllevaría el traslado de todos los expedientes físicos de un edificio a otro.

Ahora, la sala IV de la Cámara de Casación tiene 8 días para definir si habilita la vía para que el recurso extraordinario llegue a la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser rechazado, el abogado Beraldi ya adelantó que insistirá con un recurso de queja ante el máximo tribunal.

De todas maneras, durante este periodo de suspensión del traslado, el juez Augé podría avanzar con los procesamientos a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de imputados.

¿Un investigador investigado?

En caso de que finalmente la investigación sobre espionaje ilegal desplegado durante el Gobierno de Cambiemos pase a Comodoro Py, podría tomar el control del expediente Carlos Stornelli, un fiscal muy cercano al macrismo que está imputado en una causa por, justamente, espionaje ilegal, pero también extorsión, armado de causas falsas y otros delitos.

En concreto, Stornelli está sospechado de liderar una banda que aparentemente extorsionaba a implicados en procesos judiciales pidiendo enormes sumas de dinero a cambio de beneficios. Tanto políticos como empresarios habrían caído víctimas de esta red, cuyo único miembro detenido hasta el momento es el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien se hacía pasar por un agente de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), y tenía contacto directo con un periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, a quien la Justicia le revocó el procesamiento. D’Alessio se presentaba también en los principales canales televisivos de noticias como “experto en seguridad”.

La “Mesa judicial” macrista

Paralelamente, se tramita en el juzgado de la magistrada María Eugenia Capuchetti una investigación sobre presuntas presiones del Gobierno de Cambiemos a jueces de distintos fueros, en la llamada “mesa judicial”.

La denuncia fue iniciada por diputados del Frente de Todos (oficialismo), a raíz de testimonios de jueces que denunciaron supuestas injerencias de funcionarios “de altísimo nivel” de la gestión de Macri en el Poder Judicial.

Acaso el más contundente es el que dio la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien señaló directamente al entonces subsecretario del Ministerio de Justicia de esa administración, Juan Bautista Mahiques.

Figueroa detalló bajo juramento que Mahiques le había reclamado que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán, firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA, y luego ratificado por el Congreso nacional.

En ese contexto, la propia diputada de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, reconoció a principios de febrero que la “mesa judicial” macrista existía y “negociaba”. “Hubo errores del anterior Gobierno, que en vez de sanear realmente la Justicia hizo determinados acuerdos”, dijo al canal TN la co-fundadora del espacio. Probablemente, Carrió sea citada también a declarar en la causa. 

Emmanuel Gentile

Con información de rt


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