Entra en vigor la ley del aborto en Argentina, mientras Honduras endurece su prohibición

Este domingo comienza a ser aplicable en Argentina la ley del aborto que el Senado aprobó el pasado 30 de diciembre.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 24 ENE 2021 – Este domingo comienza a ser aplicable en Argentina la ley del aborto que el Senado aprobó el pasado 30 de diciembre. Eso significa que ya puede practicarse la interrupción voluntaria del embarazo sin causales hasta la semana 14 de gestación, que es gratuita en el sistema público de salud. En contraposición, el Congreso hondureño aprobó esta semana un decreto que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, medida que causó el rechazo de la ONU, Amnistía Internacional y grupos de defensa de la mujer, entre otros.

El aborto es una práctica que sigue mostrando divisiones en América Latina. En Argentina, el sistema de salud se pone a prueba, tras la entrada en vigor de la ley del aborto este domingo 24 de enero, cerca de un mes después de haber sido aprobada en el Congreso.

Los profesionales médicos ahora deben estar preparados para prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres que lo soliciten. Este debe estar garantizado y ser gratis tanto en el sistema sanitario público, como por mutuas médicas privadas que lo cubren. La práctica puede realizarse hasta la semana 14 de gestación.

“Sin duda habrá que iniciar un proceso de capacitación de los profesionales. Pero es importante decir que el aborto es una práctica mayoritariamente ambulatoria y que no requiere de ninguna guía ni protocolo para su garantía”, aseguró Laura Salomé, portavoz de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Argentina prevé obstáculos en la implementación de la ley del aborto

Los partidarios de la ley dicen que esperan demandas de grupos antiaborto en las provincias conservadoras de Argentina y que algunas clínicas de salud privadas podrían negarse a llevar a cabo el procedimiento.

Además, el Papa Francisco había emitido una apelación de último minuto antes de la votación con que fue aprobado y los líderes de la iglesia han criticado la legislación.

“Tenemos otra enorme tarea por delante”, dijo la ministra de Mujer, Género y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, quien reconoció que habrá obstáculos para la plena implementación de la ley en todo el país.

Gómez dijo que se instalará una línea telefónica “para que se comuniquen quienes no pueden acceder al aborto”.

A nivel nacional no existe un protocolo único de la aplicación de la nueva norma. No obstante, en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, las autoridades dan pasos en busca de garantizar el cumplimiento de la nueva normativa. Entre los avances se incluye que están ampliando el número de equipos profesionales para practicar el aborto. Asimismo, ya fue aprobada una guía de implementación para los equipos profesionales, de manera que la falta de información no sea un impedimento.

Con respecto a la objeción de conciencia del profesional de la salud, previsto en la ley, la guía bonaerense insiste en que es un derecho excepcional y recuerda que la mujer debe ser remitida a otro profesional o institución para garantizar la práctica en un máximo de 10 días de haber hecho la solicitud. En otras palabras, la mujer que lo desee tiene el derecho de abortar, por más que un médico alegue objeción de conciencia. 

Pese a los posibles obstáculos, Argentina avanza en un derecho de la mujer, a pesar de que algunos califican el aborto como una práctica innecesaria cuando no ocurre bajo alguna de las tres circunstancias excepcionales bajo las cuales estuvo permitido en este país desde 1921: riesgo para la salud de la madre, o del hijo; o por violación.

En otras naciones no está permitido ni siquiera bajo estas excepciones.

Honduras endurece la prohibición del aborto

Mientras en Argentina entra en vigor la ley del aborto, en Honduras el Congreso endureció esta semana la legislación que lo prohíbe.

El pasado jueves el Legislativo unicameral hondureño aprobó un decreto con el que veta de forma absoluta la interrupción del embarazo, incluso si llegara a haber un cambio en la Constitución. Para ello, blindó el artículo 67 de la Carta Magna que ya lo rechazaba.

Las mujeres que se someten a un aborto en Honduras actualmente enfrentan hasta seis años de cárcel. Incluso, ha habido casos de mujeres que podrían ir a prisión por tener un aborto espontáneo y ser acusadas por el personal clínico de abortar a propósito, como lo registró la organización Human Rights Watch.

Activistas del país esperaban cambiar esta historia y poder replicar el éxito de las feministas en Argentina que sacaron adelante la despenalización del aborto. Sin embargo, la reforma aprobada en Honduras invalidaría toda ley que permitiera “la práctica de cualquier tipo de interrupción de la vida de los no nacidos”.

Neesa Medina, integrante del colectivo feminista hondureño Somos Muchas, acusó a los legisladores de ignorar el sufrimiento de las mujeres en el país centroamericano, donde los niveles de violencia sexual son altos.

“Hay miles de personas afectadas por la pandemia, la atención médica es insuficiente y miles se van en caravanas, muchas de ellas mujeres y niñas”, dijo, refiriéndose a los miles de hondureños pobres que en los últimos días intentaron llegar a Estados Unidos.

Pese al reciente pronunciamiento del Congreso hondureño, los activistas y grupos de defensa de los derechos de las mujeres aseguran que seguirán protestando y luchando hasta lograr un acceso al aborto de forma segura.

Se estima que el 40 % de los embarazos en Honduras son no planeados o no deseados, según Human Rights Watch, y Naciones Unidas estima que entre 51.000 y 82.000 mujeres y niñas hondureñas corren el riesgo de abortos inseguros cada año.

El riesgo es tal que solo en 2017, más de 8.600 mujeres fueron hospitalizadas en Honduras por complicaciones del aborto, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud Pública.

Con su nueva decisión, Honduras se consolida en el reducido grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.

Según el Instituto Guttmacher, la mayoría de los 6,5 millones de abortos realizados en América Latina cada año son inseguros y al menos una de cada 10 muertes maternas en la región puede atribuirse a interrupciones del embarazo.

France 24, con Reuters, AP y EFE