Realizan derivaciones de urgencias ante el paro de anestesistas en el interior bonaerense

El Ministerio de Salud bonaerense expresó su preocupación por un paro de la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Provincia en los municipios de Azul y Las Flores.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 23 DIC 2020 – El Ministerio de Salud bonaerense expresó su preocupación por un paro de la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Provincia en los municipios de Azul y Las Flores, que motivó la urgente intervención para trasladar a un paciente de 9 años y pedidos excepcionales para operar a una nena con cirugía programada y hacer una cesárea.

Según un comunicado de la cartera sanitaria, estas situaciones se vivieron en los hospitales Argentina Diego de Azul y Zonal General de Las Flores, que se quedaron sin servicio de anestesiología por la medida de fuerza por reclamos laborales de la Asociación Civil de Anestesia, Analgesia y Reanimación del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Aacpba).

Esta acción ocasionó que el 22 de diciembre las autoridades de la Región Sanitaria IX derivaran a Olavarría a un paciente de 9 años con fractura de cúbito, que requería resolución bajo medicación anestésica. Para el traslado, se contó con la colaboración del hospital municipal Domingo Cura, se detalló.

La cartera de Salud bonaerense afirmó que “mantiene un diálogo abierto y continuo con todas las asociaciones de anestesiólogos para atender todo tipo de reclamos y, en la mayoría de los casos, se avanzó en un convenio de cara al 2021 sin afectar un servicio tan esencial”.

“Sin embargo, en el caso de la Aacpba, la posición es inflexible y se llegó a este extremo tan peligroso para la salud de la población en un contexto crítico, signado por la pandemia”, remarcó la cartera.

Mediante un correo electrónico suscripto por Jorge Pedro, en su carácter de presidente de esa asociación, rechazaron la propuesta del ministerio y se decretó el paro.

La Aacpba reclama un aumento del 35% (sólo en el primer semestre), reducir los módulos de prestación a 3 horas y definir con su propio criterio cuáles son las prácticas de alta complejidad que traen aparejado un incremento del 50%.

El Ministerio afirmó: “Defendemos el derecho de los y las profesionales de la salud a exigir mejoras salariales, y no se niega el derecho constitucional de realizar medidas de fuerza y renegociar los contratos laborales”.

“No obstante, se está trabajando para resolver cada demanda luego de los 4 años de gobierno de María Eugenia Vidal, que pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores/as en un contexto de tarifazos e inflación descontrolada”, dijo.

El comunicado reprodujo declaraciones del integrante de la Cámara Penal de Azul Carlos Pagliere (H), quien sostuvo que el ejercicio de los derechos “debe ajustarse a la necesidad y a la razonabilidad del caso y siempre teniendo en miras la coexistencia con los derechos de la población en general. Máxime cuando se trata del trabajo médico, en el cual generalmente se encuentra en juego la vida e integridad física de las personas”.

Además del nene de 9 años, debió derivarse a una niña que tenía programada una traqueotomía para el 22 y cuyo traslado no era posible por su condición.

Ante esta situación extrema, la dirección del hospital de Azul se comunicó con el presidente de la asociación, quien luego de evaluar la nota remitida dispuso que, a modo excepcional, fuera un profesional a realizar la práctica. Todavía estaba pendiente la respuesta para realizar una cesárea de urgencia en una paciente de Azul.

El titular del PAMI regional, Nelson Sombra, dijo que los anestesiólogos tienen “una actitud corporativa e inhumana por parte de 5 personas que cobran 300 mil pesos y comprometen la salud de toda la población”.

Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, agregó que “hay una cuestión de ética profesional” y la decisión es “crítica e irrespetuosa”.

La cartera afirmó que debido al “carácter monopólico de la prestación en la provincia de Buenos Aires” se envió carta documento obligando a continuar con la prestación de los servicios contratados “bajo apercibimiento de iniciar las acciones contencioso administrativas tendientes a asegurar su cumplimiento y formular denuncias penales por la eventual comisión del delito de abandono de persona”.