Un freno a la DEA y a la CIA

Gobierno busca restringir actividad de los agentes extranjeros

CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO, 12 DIC 2020 – Una nueva Ley de Seguridad Nacional, para regular la presencia y actuación en México de personal de elementos de seguridad extranjeros, entre ellos de las agencias estadounidenses antidrogas (DEA) y de inteligencia (CIA) amenaza con generar fricciones con Washington.

De acuerdo con los expertos, la propuesta legal aprobada recién en Comisiones del Senado, y a punto de ser votada en el plenario, es interpretada en el país vecino como “un endurecimiento” del gobierno del presidente Andrés López Obrador frente a Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad.

El proyecto establece restricciones y requerimientos para la actuación de los agentes extranjeros y designa a la Cancillería como único organismo para tratar con este tipo de personal.

“Tal como está redactado, el proyecto parece profundamente contraproducente para el Estado mexicano”, estimó el experto en seguridad Alejandro Hope.

El resultado será que, si los agentes van a ser obligados a informar a la Cancillería sobre sus contactos con funcionarios mexicanos, nadie se registrará como agente extranjero.

De este modo, los agentes del FBI (policía de investigaciones estadounidense) o la DEA “empezarían a operar bajo cobertura y el gobierno de México no tendría capacidad de contrainteligencia para evitar esa práctica y menos, hacerlo sin provocar incidentes diplomáticos serios”, señaló Hope.

Además, los agentes evitarán compartir información sensible con la Cancillería, y sólo lo harían en algunos casos con la Marina o el Ejército o, incluso, la Fiscalía General.

Con una “interlocución es centralizada”, existe un “enorme riesgo” de filtraciones, a juicio del especialista, con lo que el resultado sería que “va a ser parar en seco el intercambio de información”, expuso.

La nueva ley pondría fin a la Iniciativa Mérida, suscrita en 2008, entre los entonces presidentes George W. Bush y Felipe Calderón, que incluyó un apoyo inicial de 2.300 millones de dólares del Congreso estadunidense para la lucha contra el crimen organizado por parte de ambas naciones.

El arresto en octubre pasado en Los Angeles, California, del ex ministro de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a quien la justicia de Estados Unidos le retiró los cargos de narcotráfico un mes después y lo devolvió al país, generó fuertes fricciones entre ambos países y habría impulsado esta reforma legal.

La detención ocurrió sin previo aviso al gobierno mexicano y sin que se echaran a andar los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países en materia de seguridad.

“La Iniciativa Mérida se acabó. Ahora la cooperación entre las dos naciones, en materia de seguridad, se planteará con base en las necesidades del gobierno mexicano, para atender los requerimientos propios y a cambio de nada”, afirmó Fabián Medina, funcionario de la Cancillería mexicana.

Según Hope, la nueva legislación “no previene las peores formas de acción unilateral de la DEA y del aparato de inteligencia de Estados Unidos”.

“Esta legislación va a contraponerse innecesariamente al aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, en un momento de transición política y cuando la relación ya había quedado lastimada por el caso Cienfuegos”, dijo.

Según fuentes de la Cancillería, se han realizado contactos diplomáticos con la embajada estadounidense para explicar “el sentido y alcance” del proyecto aprobado el miércoles pasado.

El ministerio de Relaciones Exteriores negó que el nuevo ordenamiento apunte a restringir la cooperación bilateral en seguridad y la inmunidad diplomática de personal de agencias como la DEA, el FBI y la CIA, entre otras.

El analista Raúl Rodríguez hace notar que “los múltiples atropellos cometidos desde 1930 por agentes estadounidenses en México”, provocaron que en 1992 se regulara la estancia temporal en México de los representantes de gobiernos extranjeros mediante un decreto.

Entre otras restricciones se les impide usar armas y se les prohíbe asumir tareas propias de la justicia mexicana, obligándolos además a informar al gobierno de sus investigaciones.

Ahora, sin embargo, el decreto se convierte en ley para reforzar el control de esas operaciones a través de la Cancillería. (ANSA).