CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 19 NOV 2020 (France24) – El caso de Salvador Cienfuegos, jefe de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, capturado en Estados Unidos y posteriormente liberado y devuelto a México, deja al menos dos lecciones claras: una demostración más de que la DEA puede ejecutar un operativo secreto de gran calado sin que el Gobierno mexicano se entere y que toda esa labor de inteligencia se puede venir abajo por “consideraciones de política exterior sensibles”.
Las pesquisas contra Cienfuegos Zepeda, conocido en el mundo criminal como ‘El Padrino’, implicaron un trabajo de años para los servicios de inteligencia estadounidense. La captura ocurrió en el aeropuerto de Los Angeles el 15 de octubre y en tan solo 34 días el exgeneral fue trasladado de vuelta a su país en un jet del Gobierno de Donald Trump y puesto en libertad en suelo mexicano, limpio de cargos criminales en la Unión Americana y con la oferta de López Obrador de continuar las investigaciones en su contra, con base en la información que consiguió Washington, pero para ser eventualmente procesado bajo las leyes mexicanas.
En la moción ante la jueza Amon, el Departamento de Justicia reconoció que la petición de desestimar los cargos contra Cienfuegos se fundamentó en “consideraciones de política exterior sensibles e importantes” que “tienen mayor peso que el interés del Gobierno en mantener la persecución penal del acusado”.
Ya el día de la liberación, el miércoles 18 de noviembre, el fiscal del caso, Seth D. DuCharme, admitió que el acuerdo salió de la oficina del fiscal general William P. Barr y que “Estados Unidos determinó que el interés más amplio en mantener esa relación de cooperación (con México), supera los intereses del Departamento de llevar adelante este caso”.
El beneplácito del Gobierno mexicano por la decisión tomada por la Administración Trump sobre el caso Cienfuegos no se hizo esperar. El canciller Ebrard señaló que “(esa medida) significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México, por consiguiente, reconocemos esta resolución del fiscal general de Estados Unidos”.
La desconfianza en las instituciones mexicanas brota desde EE. UU., dicen analistas
Tras darse a conocer que Cienfuegos sería devuelto a México para ser investigado, el presidente López Obrador pidió tener confianza en las autoridades de Justicia nacionales y no sólo en las extranjeras.
“El que siga pensando que los procedimientos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las autoridades de México, ya no corresponde a la nueva realidad (…) no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie”, dijo AMLO.
Sin embargo, hay quien opina lo contrario, comenzando por las agencias de inteligencia estadounidenses, así como analistas en materia de seguridad.
Para el doctor Raúl Benítez Manaut, excatedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York y del Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos, “la relación con la DEA es muy complicada porque su contraparte en México debería ser la Fiscalía General de la República (antes PGR), pero todo mundo sabe que nadie tiene confianza en esa institución, ni en México ni en Estados Unidos. Tiene muy poco personal y es personal muy desacreditado, muy corrupto y muy ineficaz, resuelve muy pocos casos. Además, en la DEA saben que los representantes de la Fiscalía en los estados siempre fueron muy corruptos, vinculados a los cárteles criminales”.
Benítez, adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda que a la DEA le mataron un agente en México en 1985, el agente Enrique ‘Kiki’ Camarena, “y eso abrió un expediente de una tremenda conflictividad con las autoridades mexicanas”.
En ello coincide el doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez, socio fundador de Lantia Consultores, quien apunta que los estadounidenses son “conscientes desde hace muchos años que están fuertemente penetradas las esferas gubernamentales por el crimen organizado. Hay una zona gris en la burocracia mexicana, compuesta por funcionarios de Seguridad Pública, funcionarios de inteligencia, incluso en el Poder Judicial y los militares, que son corruptos y sirven para proteger a células criminales”.
Guerrero, quien fuera asesor y analista en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) del gobierno mexicano, considera que en EE. UU. “tienen buenas razones para dudar y ser escépticos de la capacidad institucional que tiene México de guardar secretos”.
Reconoce que “es tan escaso, vulnerable y débil nuestro sistema de inteligencia, que nosotros, para tener la capacidad de detectar este tipo de ligas, como las que detectaron en Estados Unidos de gente de tan alto nivel como Cienfuegos con un grupo tan discreto como Los Mazatlecos (o el cártel de El H2), nos hubiera tomado años, quizá décadas”.
Las formas poco ortodoxas de la DEA y el debate por el nacionalismo
Pero para el presidente López Obrador las cosas han cambiado. “Por qué tenerle confianza a un juez, un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza, en esta nueva circunstancia, a un juez, una jueza, un fiscal en México. Que hablen los hechos, vamos a esperar”, dijo el mandatario.
Acerca del reproche del mandatario mexicano y de la postura nacionalista que abanderan también algunos legisladores, Raúl Benítez precisa que los agentes diplomáticos de la DEA, registrados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hacen sus investigaciones con su propia metodología de inteligencia “con muchos recursos y sin notificar, no solo al gobierno de México, es que no notifican a ningún gobierno del mundo por las operaciones que hacen”.
Benítez Manaut, miembro activo de la Latin American Studies Association, destaca que los agentes estadounidenses hicieron una investigación muy sigilosa para que nadie en el Ejército estuviera enterado, ni en la Fiscalía ni en la Marina ni en ningún servicio de Inteligencia, y así lograr que Cienfuegos tuviera confianza y viajara como lo hizo a Estados Unidos y fuera capturado, como sucedió con Augusto Pinochet en Londres, que fue capturado en un aeropuerto londinense, de la misma manera que Cienfuegos.
Incluso –destaca– el Departamento de Defensa no lo sabía. Lo sabía el embajador, pero el mismo embajador dijo que no había informado al agregado militar. “Las agencias de Inteligencia de Estados Unidos no comunican entre ellas lo que hacen, como tampoco lo hace ninguna agencia de inteligencia en ninguna parte del mundo”.
El analista Eduardo Guerrero también se muestra en desacuerdo con el alegato nacionalista de que con esto México está cediendo soberanía, “como si no estuviéramos cediendo soberanía a los grupos criminales”.
¿Triunfo de la diplomacia mexicana o impunidad?
Benítez Manaut señala que puede ser un acto ilegal en México que la DEA haga una intervención de comunicaciones, y el gobierno mexicano –sostiene– puede demandar a la Agencia por eso, pero no se sabe quién fue ni si el espionaje se hizo en territorio mexicano. Se baraja entre los expertos que pudo haber sido de manera satelital.
Lo claro es que toda esa labor de inteligencia que llevó a la captura de ‘El Padrino’ potencialmente se fue por la borda al privilegiar las “sensibles consideraciones de política exterior” y el “más amplio interés” –al menos del gobierno aún en manos de Donald Trump– en mantener la relación de cooperación con México.
Que el jefe del Ejército durante el gobierno de Peña Nieto fuera devuelto a México, libre de cargos en Estados Unidos, es visto por legisladores, funcionarios y políticos afines al ‘lopezobradorismo’ como “un triunfo de la diplomacia mexicana” y un logro en favor de la soberanía nacional.
Para los adversarios, las gestiones gubernamentales de la autodenominada “cuarta transformación” para traer de regreso al general Cienfuegos son una señal de posible impunidad y se explican a la luz de la relevancia que López Obrador le ha dado a los militares, a quienes ha encargado no solo la seguridad pública, sino tareas tan importantes como la construcción del nuevo aeropuerto y la contención de la migración centroamericana, por solo mencionar algunas.
Es –argumentan algunos críticos– una manera de congraciarse con las Fuerzas Armadas, cuya imagen resultó mermada con la aprehensión de un militar de tan alto rango como Cienfuegos.
López Obrador fue claro y contundente en su mensaje la mañana del 18 de noviembre, día en que Cienfuegos regresó a México y se pudo ir a casa con la simple promesa de que estaría disponible para cualquier diligencia que requiriera su colaboración.
“No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales”, advirtió el presidente. “Está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano”, insistió López Obrador en referencia al Ejército.
La jueza Carol Bagley Amon consideró que “no hay motivo para dudar” del acuerdo o de la voluntad de México para investigar a Cienfuegos con base en las leyes mexicanas, pero lo cierto es que, hasta ahora, según reconoció el propio canciller Ebrard en conferencia de prensa, “toda la investigación se limita a la evidencia que nos mandó el Gobierno de Estados Unidos que nos llegó el 11 de noviembre y no hay otra investigación, hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República, previa o diferente a esta”.
Lo que tampoco existe es alguna orden de aprehensión contra Cienfuegos, por lo que el general de más alto rango, quien fuera acusado de conspirar para exportar y distribuir drogas en Estados Unidos y de dar protección a un grupo criminal, pudo ir a dormir a su casa tan pronto llegó a México.