La Corte aceptó por unanimidad el per saltum y frenó el traslado de los camaristas

Los magistrados finalmente aceptaron debatir la solicitud de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado. Se volverán a reunir para emitir un fallo. También ordenó al Consejo de la Magistratura que no avance en el proceso de cubrir sus vacantes.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 29 SEP 2020 – La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron rechazados por el Senado.

La Corte le impuso al expediente un trámite exprés, con la suspensión de los plazos habituales, para tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de los traslados de estos camaristas. Puede ser en dos o tres semanas. O menos.

Aunque en un principio trascendió que no se había alcanzado un acuerdo, los magistrados aceptaron analizar el pedido en la reunión extraordinaria del máximo tribunal, que finalizó pasadas las 14. Ahora, los supremos deben volver a reunirse en los próximos días -puede estirarse a un mes- para analizar los traslados y emitir una sentencia definitiva.

El encuentro arrancó pasadas las 11 con la presencia en el Palacio de Justicia de los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. En tanto, la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, participaba de manera virtual.

El procedimiento indicado en el fallo que firmaron Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda es que en 48 horas corridas el Consejo de la Magistratura, fije su postura y que luego en el mismo plazo opinará el procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Recién entonces, con todos los argumentos sobre la mesa (los de los camaristas, los del Estado y los del fiscal) la Corte tomará una decisión de fondo.

En su voto el juez Rosenkrantz fue más allá en cuanto a las cuestiones constitucionales en juego. Dijo que es un asunto de gravedad institucional “inusitada” y entendió que es un intento de revisar retroactivamente el mecanismo de designación de un número importante de jueces.

Rosenkrantz fue el foco de las críticas de Alberto Fernández la semana pasada. “La cuestión a decidir no se reduce únicamente a si un determinado traslado de jueces resulta constitucionalmente válido o no. Si así fuera, sería muy dudoso que se justificase la intervención de esta Corte saltando las instancias normales de decisión -escribió Rosenkrantz-. Por el contrario, y más fundamentalmente, esta causa también versa acerca de la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante de número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados”.

Además, la Corte explicitó que no se trataba de resolver el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino que estaban en juego problemas que “atañen a la comunidad”. Los cortesanos señalaron que “está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.

El máximo tribunal de la Nación consideró que la garantía constitucional de acceso a la justicia requiere que “la tutela jurisdiccional de los derechos en cuestión posea la virtualidad de resolver la cuestión sometida a su conocimiento mediante una respuesta judicial idónea, oportuna, efectiva y eficaz”.

El fallo fue unánime, aunque el presidente Carlos Rosenkrantz en su propio voto entendió que se estaba frente a un asunto de gravedad institucional que comprometía la república. “Es inocultable entonces que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano”, dijo.

La Corte recordó que “al momento de la interposición del remedio extraordinario per saltum ante este Tribunal, las partes habían hecho ejercicio’ de sus derechos” presentado sendos recursos contra las decisiones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

En tal sentido, se refirió a que el trámite de esos recursos se demoró debido a la falta de definición en la cámara de ese fuero, lo que llevó a la designación de una camarista para que desempate una votación.

“Asimismo -destacó- es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.

Al mismo tiempo que la Corte aceptó el “per saltum”, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal completó la conformación de la Sala I con la integración de la jueza Clara Do Pico. Este tribunal es el que tenía que tomar una definición en relación al pedido de amparo interpuesto por los jueces trasladados.

Como este tribunal demoraba su integración y resolución, el pedido llegó a la Corte por iniciativa de los jueces trasladados.

El sorteo de la camarista Do Pico se produjo por pedido de los integrantes de la Sala V, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, ante la excusación del tercer juez, Pablo Gallegos Fedriani, por ser él mismo un magistrado trasladado. El sorteo para cubrir el tercer lugar de la Sala 5 se realizó a las 11.30 en el Palacio de Justicia, sede de la Cámara.

Los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara, que según fuentes judiciales, podría caer en abstracto porque la Corte Suprema ya aceptó tratar el tema.

Bruglia y Bertuzzi ya recibieron un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.

En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.

Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida porque, sostuvieron, atentaba contra las “garantías” que debe gozar un juez para cumplir su tarea.

Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio, el respaldo de parte de la sociedad y de referentes de la denominada “corporación judicial”.