COLOMBIA: Gobierno se enfrenta a Corte Suprema

BOGOTÁ, COLOMBIA, 24 SEP 2020 – El gobierno de Iván Duque y la Corte Suprema de Justicia quedaron hoy enfrentados, tras la orden de ese tribunal para que el ejecutivo emprendan acciones que frenen la violencia de la policía antimotines en las protestas sociales, garantice esas manifestaciones ciudadanas y no estigmatice a quienes participan en paros y marchas.

La muestra palpable del enfrentamiento quedó en el pedido hecho por la Corte Suprema que urgió al ministro de Defensa para que en un plazo máximo de dos días ofrezca “disculpas por los excesos de la fuerza pública” durante las manifestaciones ocurrida en noviembre del año pasado y que el gobierno no contempló por ahora.

Para la administración Duque la fuerza pública no incurrió en “excesos” durante esas manifestaciones y en caso de haber ocurrido fueron el producto de “actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos”.

Ese fue el argumento esbozado hoy por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al leer en un comunicado que guardó silencio frente al pedido de disculpas que le exigió el máximo tribunal de la justicia ordinaria.

Lo que sí hizo el gobierno fue defender a la policía al advertir que se trata de una fuerza garante de la “vida”, de “derechos y libertades”, de la “integridad” de las personas, de sus bienes y honra, y sostener que los antimotines tienen “protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los derechos humanos”.

En las protestas sociales de finales del año anterior murió el joven Dilan Cruz, tras recibir el impacto en la cabeza de un proyectil disparado con un arma de supuesta baja letalidad por parte de un policía antimotines.

“La actuación del Esmad (nombre local de la policía antimotines, NDR) se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”, argumentó el mensaje del gobierno leído hoy por el ministro Trujillo.

La Corte Suprema planteó 14 exigencias al Ejecutivo tendientes a garantizar las protestas sociales y en respuesta una acción de tutela, mecanismo extraordinario para defender derechos básicos, presentada por un grupo de personas.

El tribunal incluyó entre sus órdenes que se suspenda el uso de las “escopetas calibre 12” por parte de la policía antidisturbios en un lapso de dos días, hasta tanto haya garantías de su manejo; en ese mismo periodo de tiempo la institución debe publicar en su sitio online el contenido de la decisión emitida la Corte.

También le exigió al gobierno expedir un acto administrativo, en un lapso no superior a 30 días, que garantice que sus funcionarios serán neutrales ante las protestas y propuso una mesa de discusión para revisar y reestructurar las directrices gubernamentales sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones sociales, entre otras órdenes.

En su respuesta, el gobierno pidió a la Corte Constitucional que revise el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el gobierno está obligado a obedecer, ocurre dos semanas después de las protestas en Bogotá y otras ciudades del país que dejaron 13 muertos, cientos de heridos y destrozos en edificaciones de la policía, y cuyo detonante fue la muerte de abogado Javier Ordóñez a manos de dos uniformados. (ANSA).