Cada vez que le preguntan al presidente por qué no se baja el gasto de la política, dice que eso es una medida demagógica y que no altera el presupuesto. Incluso legisladores de Cambiemos como Fernando Iglesias o Daniel Lipovetzky, ahora diputado provincial, responde descalificando esa propuesta por considerarla poco relevante en términos de gasto público.
Es más, si alguien muestra, de acuerdo al proyecto de presupuesto 2020, que el senado tiene asignado un presupuesto de $ 12.374 millones, lo que implica un costo operativo por cada senador de $ 14,3 millones mensuales y que la Cámara de Diputados tiene asignado un presupuesto de $ 11.943 millones, con un costo operativo por diputado de $ 3,9 millones mensuales. Y que además, la Cámara de Senadores tiene asignados 5.762 empleados, con lo cual cada senador tiene, en promedio, 80 empleados y la Cámara de Diputados tiene asignados 5.220 empleados con un promedio de 20 empleados por cada senador (datos que surgen de la página 16 del presupuesto del Poder Legislativo), al margen de los 1.420 empleados de la biblioteca o de los 498 empleados de la imprenta, etc.
Como se decía, si alguien muestra estos datos, la respuesta es que ese importe es un porcentaje mínimo del PBI o del presupuesto nacional y que, encima, mostrar estos datos es un ataque a la democracia. Algo así como decir: o nos dejan vivir como reyes a nosotros y malgastar la plata de los contribuyentes o son golpistas. Una forma muy burda de justificar el robo legalizado, como lo llama Bastiat en su libro La Ley.
¿Pero es poco representativo el costo de la política como argumentan algunos políticos para defender el negocio de la política? En realidad, la política se financia con empleos no solo en el Congreso Nacional, sino en empresas públicas, empleo provincial y municipal.
En un trabajo realizado por la Fundación Libertad de Rosario que lidera Gerardo Bongiovanni, puede verse que si en 2019 todas las legislaturas provinciales tuvieron un costo de $ 41.000 millones, con un costo promedio de $ 2,8 millones de pesos mensuales cada uno de los 1.199 legisladores provinciales que hay en el país.
Si uno toma el presupuesto 2020 de CABA, la Legislatura tiene un presupuesto de $ 6.176 millones para 60 legisladores lo que determina un costo operativo de $ 8,6 millones mensuales por legislador.
Pero el costo de la política es mucho más que esto. En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos de la siguiente forma: 739.150 empleados la nación, 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 a nivel municipal. Cabe resaltar que en 2005 había 2,6 millones de empleados públicos contra los 3,7 millones actuales. Estamos hablando de 1 millón de empleados públicos más que forman parte del clientelismo político.
La masa salarial de todos los empleados públicos sumando nación, provincias y municipios es del 12% del PBI, con lo cual ya vemos que no es gasto menor. Pero si restamos la masa salarial de las Fuerzas Armadas, Docentes, Fuerzas de Seguridad y Salud, el gasto salarial del aparato estatal llega a 6% del PBI.
Si todos los empleados públicos, sin incluir Fuerzas Armadas, Seguridad, Docentes y Salud, hubiesen tenido la consideración de bajarse un 20% sus sueldos, teniendo en cuenta que el Estado, con su cuarentena feroz, dejó sin ingresos a muchas personas humildes y mandó a la quiebra a miles de pequeños comercios y empresas generando una pérdida de puestos de trabajo en blanco no menor a los 300.000 puestos, se hubiese mostrado algo de solidaridad con aquellos que los mantienen y se podrían haber ahorrado $ 270.000 millones, casi el monto de lo que se pretende recaudar con el disparate del impuesto a las grandes fortunas.
Pero el gasto de la política no está solamente en el gasto de los poderes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal, más el despilfarro en los poderes ejecutivos y judiciales. El gasto de la política también está en lo que los políticos llaman planes sociales pero que en realidad son una fuente de corrupción y clientelismo político.
Clientelismo político también es haber llevado de 81.539 beneficiarios por invalidez laboral a 1.032.926, como puede verse en el gráfico 1. Casi un millón más de invalido sin haber tenido una guerra, un terremoto o un tsunami. Este programa tiene un costo de $ 156.487 millones para 2020 según el presupuesto.
A esto hay que sumarle los 234.432 beneficiarios del programa Hacemos Futuro que nadie sabe de qué futuro se está hablando, 266.949 beneficiarios del plan Proyectos Comunitarios, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo con 74.604 beneficiarios, Becas Progresar con 578.121 beneficiarios y sigue el listado.
Los políticos saben muy bien de qué se habla cuando se habla del gasto de la política. No es solamente el descomunal costo que tenemos por cada diputado o senador nacional, provincial o municipal. Es todo un aparato de empleo público y “planes sociales” que han generado una gran masa de clientelismo político para tener el voto cautivo. Claro que en semejante masa de gasto político, los diputados y senadores tratan de justificarse diciendo que el costo que operativo de ellos, que es un verdadero disparate, no mueve el amperímetro. Obvio, esconden sus grandes beneficios detrás del inmenso gasto de la política que no se limita al sueldo que cobra un senador, un ministro o el mismo presidente. Es la suma de todo el gasto político.
Pero el mayor costo de la política que se transformó en un verdadero negocio, es el brutal cambio de valores que generó en la sociedad, por el cual se reemplazó la cultura de trabajo por la cultura de la dádiva, y donde el que es emprendedor, se esfuerza y trabaja, es castigado sin piedad con una carga impositiva asfixiante para sostener este negocio de la política, que en nombre de la solidaridad social, típico discurso para justificar un nuevo nicho de negocio de la política, no para de inventar planes sociales.
¿Por qué esta desesperación, tristeza y amargura de millones de personas que diariamente hacen el esfuerzo de levantarse para con lluvia, frío, calor, piquetes y mil complicaciones más ir a trabajar? Porque el fruto de todo su esfuerzo, que encima hoy está frenado por la eterna cuarentena, le confisca la mitad de su trabajo con impuestos para sostener el negocio de la política. La gente decente trabaja cada vez más y vive cada vez peor porque el negocio de la política le confisca buena parte del fruto de su esfuerzo diario.
¿Esto significa que tiene que terminar la política? No, significa que tiene que terminar el negocio de la política que está destruyendo la Argentina.