BUENOS AIRES, 1 ago. 2020 (Reuters) – El presidente argentino Alberto Fernández dijo el viernes que derogó el decreto mediante el cual el Gobierno intervino a inicios de junio a la agroexportadora local Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores tras entrar en cesación de pagos a fines del año pasado.
Hasta el 2019 Vicentin era la principal exportadora de aceite y harina de soja en Argentina.
Sin embargo, a fines del año pasado la compañía entró en ‘default’ por una deuda superior a los 1.000 millones de dólares y en junio el Gobierno sorprendió anunciando la intervención con el objetivo de “rescatar” a la empresa, lo que generó rechazo en el sector agroexportador.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU (decreto de necesidad y urgencia) 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, informó Fernández en su cuenta de Twitter.
Una fuente de Vicentin que pidió no ser identificada dijo a Reuters que la empresa ve “bien la medida. Nunca debió haber pasado y confiamos nos dejen trabajar en el marco del concurso”.
Si bien la intervención surgió de un decreto presidencial, esta tuvo un efecto limitado dado que un juzgado argentino dispuso a fines de junio la restitución de los administradores originales de la agroexportadora y limitó el rango de los interventores al de observadores.
“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa”, explicó Fernández en la red social, donde agregó que “en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada”.
Argentina es el principal exportador internacional de aceite y harina de soja, y los embarques de los derivados de la oleaginosa la principal fuente de ingresos de divisas del país.
“Esta fue la decisión correcta”, sostuvo por su parte el titular de la cámara de exportadores y procesadores de granos de Argentina CIARA-CEC, Gustavo Idígoras. “La solución a Vicentin debería venir desde la justicia”, agregó.
El plan original de Fernández incluía el envío de un proyecto de ley para expropiar a Vicentin. Sin embargo, la medida también generó rechazo en la oposición y entre sectores de la población, y el Gobierno terminó descartando la posibilidad de expropiar a la compañía.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”, señaló Fernández en su cuenta de la red social.